En el marco de esta pesquisa, el Ministerio Público citó a Benavides para este jueves 25 y viernes 26, a fin de que rinda su declaración testimonial. La primera citación fue fijada a las 3:00 p.m., mientras que la segunda; es decir, al día siguiente, desde las 11:00 a.m.
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La extitular de la Fiscalía puede escoger si la declaración se toma en el domicilio que fije o en su despacho. En caso de no presentarse a las citaciones, será obligada a comparecer compulsivamente por la fuerza pública, según se lee en la resolución fiscal, a la que accedió RPP.
Como se recuerda, el plazo inicial establecido para esta pesquisa en contra de Benavides es de seis meses y se programaron alrededor de 60 diligencias en total.
Benavides es investigada por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, corrupción, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real.
Se trata de los abogados Juan Mario Peña Flores, Juan José Peña Aguilar, Jean Pierre Curi Carnero, Christian Jaime Salas Beteta, Felipe Antonio Salas Zegarra, José Luis Rojes Eccoña y Renato Luis Marquina Díaz.
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En tanto, se se conoció que el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz, fue citado para el lunes 15 de enero, a las 08:00 a.m., y el martes 16, a las 03:00 p.m., a fin de que brinde su declaración testimonial.
La tesis fiscal sobre la presunta organización criminal
La tesis fiscal advierte suficientes indicios que hacen presumir la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público y que habría sido liderada por la propia Benavides.
Benavides y sus exasesores, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas frente a la remoción de los integrantes de la JNJ, la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
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