El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros seis ministros de Estado, se presentaron esta mañana ante la comisión de Constitución a fin de sustentar el proyecto de ley del Gobierno que solicita facultades, por 120 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, políticas para combatir el fenómeno El Niño Global, entre otros temas.
Uno de los ministros que tomó la palabra fue Vicente Romero (Interior). Durante su exposición detalló las brechas que hay que cerrar en la Policía Nacional del Perú (PNP) para que su labor sea más efectiva.
Romero advirtió que de las 1,323 comisarías básicas que hay a nivel nacional, 907 (69%) se encuentran en condiciones inadecuadas y 407 (31%) están con condiciones adecuadas para operar.
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Respecto al parque automotor, de los 19,883 vehículos de la PNP alrededor de 9,341 (47%) están inoperativos, mientras que 10,542 (53%) se encuentran en condiciones adecuadas.
“El 74% del armamento de la PNP tiene una antigüedad de más de 20 años, 30 años de antigüedad tiene la flota de aeronaves y 10 años de antigüedad tiene el equipamiento especializado y estratégico (AFIS e IBIS)”, indicó el titular del Interior.
¿Cuál es la brecha actual de policías en el país?
En otro momento, Romero recordó que en el año 1990 las tres instituciones policiales que existían en ese momento registraban 125,546 efectivos policiales, quienes brindaban servicio a 22 millones de peruanos.
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Treinta y tres años después la cifra de policías en actividad no ha tenido un incremento considerable. A agosto de este año, la PNP registra 131,557 efectivos, quienes brindan servicio a 33.7 millones de peruanos.
Es decir, en 33 años la institución formó a 6,011 nuevos policías, pese a que población del Perú creció en 11.7 millones.
El ministro remarcó que la brecha actual de policías es de más de 40,000 efectivos a escala nacional.
Si bien reconoció que esta brecha no ha sido superada y es un tema de clamor nacional, dijo que en la institución no se ha dejado de trabajar
“Cuando fui Comandante General (de la PNP) empezamos el ‘Plan Mariano Santos’ al 2030. En un parte considerativa dije que la comparación directa es difícil, pero la Policía Nacional tiene un menor número de agentes operativos para su población, que otros países similares, lo que limita su flexibilidad operativa. Hemos retomado ese plan que había sido congelado de una manera”, sostuvo.
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¿Cuáles son las cifras de la inseguridad ciudadana?
Romero también brindó unas cifras sobre la situación actual de la inseguridad ciudadana, así como los niveles de incidencia de delitos en el país.
Por ejemplo, informó que entre los años 2010 al 2023 (13 años) la tasa de victimización promedio anual es de 28.9%. Solo en un año la tasa creció 4 puntos porcentuales.
En lo que respecta a la victimización por delitos, el robo o intento de robo de dinero, cartera y celular es el delito más frecuente (68.6%). De esta cifra, solo el 80% corresponde únicamente al robo de celulares.
Cabe recordar que, según informó Osiptel, en el Perú se sustraen en promedio 4,734 celulares por día, 197 celulares por hora y 3 celulares por minuto.
Además, en 8 meses la PNP recibió 13,189 denuncias por extorsión. Las modalidades de extorsión más usadas son: Gota a Gota, Gota a Gota virtual, Chalequeo, Contrato para matar, Escopetazo, Rescate de vehículos y cobro de cupos.
En lo que respecta a la presencia de la criminalidad organizada transnacional, Romero recordó que el año pasado se detectó la organización criminal “El Tren de Aragua” en el Perú y que actualmente tiene una marcada presencia en la capital, aunque advirtió que ya diseminó en varias regiones.
Esta organización cuenta con varias facciones: “Los Gallegos”, “Los hijos de Dios”, “La dinastía Alayón”, “Los PHS”, “Los piratas del caribe”, etc., con apéndices en Ecuador, Colombia y Chile. Además, ejercen amenazas, intimidación y violencia, a sus víctimas, para el cobro de cupos.
Finalmente, el ministro remarcó que su sector se encuentra trabajando en estrategias y acciones desde la PNP para dar duros golpes a la delincuencia y la criminalidad organizada, así como busca la articulación con los operadores de justicia y los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
“Resulta necesario reforzar las acciones implementadas con un marco legal para afrontar la situación actual de seguridad y con ello garantizar un escenario de paz social y de protección al libre ejercicio de los derechos y libertades”, indicó tras pedirle a los integrantes de la comisión que aprueben el proyecto de delegación de facultades.
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