Martín Vizcarra será denunciado por vacunación irregular contra el COVID-19

El expresidente Martín Vizcarra fue acusado por la vacunación irregular durante el 2020, durante la emergencia nacional por la COVID-19. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC

05/05/2023 16H51 - ACTUALIZADO A 05/05/2023 17H00

El expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo y la exministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler, serán denunciados por la presunta comisión del delito de concusión, por haberse vacunado de forma irregular contra la Covid-19 en el 2020.

Y es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) del Congreso aprobó con 17 votos a favor, declarar procedente la denuncia formulada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas en contra de los dos exfuncionarios.

De otro lado, la Comisión envió al archivo la denuncia formulada por la congresista de la bancada Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, el expresidente de Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana; el exministro de Defensa, Alberto Otálora Peñaranda y el exministro del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas; por presunta infracción constitucional.

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Los congresistas Ruth Luque Ibarra, Sigrid Bazán Narro, Isabel Cortez Aguirre y Edgard Cornelio Reymundo Mercado defendieron su denuncia señalando que existe necesidad de investigar el hecho en el que fallecieron más de 60 personas durante las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en el país.

Un pedido de Reymundo Mercado para incluir en la denuncia el informe de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) aceptada en forma excepcional por la titular de la comisión, no trascendió por el voto en mayoría, que desestimó la propuesta.

La propuesta planteada por el equipo técnico, fue declararla improcedente por considerar que no existe prueba de responsabilidad de los denunciados y porque no existe una norma legal que sancione la conducta incurrida por la infracción constitucional.

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Señala el informe que los hechos están en investigación, tanto en sede fiscal como en sede parlamentaria y aun no se cuenta con evidencia objetiva a nivel de verosimilitud de una situación ilícita o ilegal y que los funcionarios denunciados hayan tenido conocimiento de los hechos.

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