El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés en su intento participar como candidato presidencial en las elecciones generales del 2026, pese a que registra dos inhabilitaciones para ejercer un cargo público.
El último jueves, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró el nombre del exmandatario del padrón de afiliados del partido político Perú Primero, lo que le impide ser postulante al sillón de la casa de Pizarro.
Esto, tras solicitar al Congreso la lista de ciudadanos inhabilitados para ejercer una función pública, por lo que no podrían ser candidatos en los próximos comicios. También consultó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional (TC) sobre la vigencia de dichas inhabilitaciones.
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De esta manera, el exjefe de Estado, quien hasta hace algunos días realizaba mítines en diversas regiones del país, dejó de ser formalmente militante de Perú Primero y solo podría ser considerado simpatizante de la agrupación.
Tras conocerse esta noticia, Vizcarra calificó esta decisión como parte de una “persecución política” en su contra y anunció que recurrirá a instancias internacionales para revertirla. En tanto, su abogado, el exministro de Trabajo, Alejandro Salas, informó que ya han presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Cuáles son las últimas cartas que tiene el expresidente con miras a los comicios del 2026? En esta nota responderemos esta interrogante.
La DNROP del JNE anuló la militancia partidaria del expresidente Martín Vizcarra. (Foto: Manuel Melgar / GEC).
El TC y la CIDH, las últimas opciones de Vizcarra: ¿sus demandas serán acogidas?
En paralelo a la medida cautelar presentada ante la CIDH, el TC tiene pendiente de resolver dos recursos presentados por la defensa de Vizcarra para anular las inhabilitaciones que registra y que le impiden ser candidato presidencial.
Al respecto, el extitular de dicho organismo constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, consideró como poco probable que le den la razón al exmandatario, quien busca anular su inhabilitación por el caso ‘Vacunagate’.
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Recordó que existe en la Constitución una disposición expresa que faculta al Congreso a inhabilitar personas que tuvieron poder politico por haber cometido infracciones a la Carta Magna, independientemente que constituyan delito o no.
“Acoger ese argumento (el de Vizcarra) implicaría que todas aquellas personas que han sido inhabilitadas con el mismo mandato constitucional quedarían también libres de postular o ejercer cualquier atribución o participación política. Entonces, todo el edificio normativo se caería”, advirtió a Gestión.
Respecto al eventual escenario en el que el TC le dé la razón al expresidente, añadió que dependerá del fundamento principal de dicha demanda para saber si también anularía la otra inhabilitación.
“Si es un aspecto de forma, solamente tendría valor en ese caso, pero si el argumento es de fondo, pero discute la responsabilidad del sancionado frente a los hechos, también sería valido para ese caso. Lo ideal para la defensa de Vizcarra sería que el TC diga que el derecho de participación está aún por encima de la atribución constitucional de sancionar por infracción a un personaje público, algo que no creo que harán”, apuntó.
En el año 2021, el exmandatario fue inhabilitado por primera vez por un periodo de 10 años, tras haber recibido de manera irregular la vacuna del laboratorio Sinopharm contra el covid-19 cuando ejercía como jefe de Estado.
La segunda inhabilitación se produjo en el año 2022. El Parlamento lo inhabilitó por cinco años debido a sus presuntos vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
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Hace unas semanas, la Comisión Permanente aprobó inhabilitarlo por la disolución del Congreso en octubre de 2019. Esta sanción está pendiente de ratificación en el Pleno.
El Pleno del Congreso aprobó dos inhabilitaciones contra el expresidente Martín Vizcarra. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La CIDH podría demorar entre 6 a 8 meses en resolver medida cautelar
Al ser consultado por la medida cautelar interpuesta ante la CIDH, Álvarez Miranda recordó que dicho organismo tiene una discrecionalidad en cuanto a los plazos de sus procedimientos, por lo que recalcó que dependerá del interés de los magistrados que integran el tribunal en acelerar su revisión por encima de los demás casos que tienen en agenda.
“Si fuese Gustavo Petro o Inácio Lula da Silva, la CIDH podría interponer una cautelar en dos semanas, pero tratándose de alguien que no es un peso pesado de la izquierda latinoamericana y que no hay una urgencia inminente, podría demorarse entre 6 a 8 meses en resolver la demanda”, sostuvo.
En ese sentido, añadió que el organismo internacional podría enviar una comisión al Perú para reunirse con los que participaron en los procesos contra Vizcarra y luego convocar a una audiencia, entre otras diligencias.
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“Responder a la medida cautelar es difícil, nunca se ha sujetado a plazos establecidos y, en este caso, no hay una gravedad inminente. A diferencia de Petro, que lo sacaron de la alcaldía de Bogotá, Vizcarra no está en el ejercicio de la presidencia y simplemente es una aspiración suya participar en el proceso electoral, que es el próximo año. Así que no hay esa gravedad y sentido de urgencia”, apuntó.
En cuanto a la posibilidad de que la CIDH finalmente termine otorgando la medida cautelar a Vizcarra, Álvarez Miranda consideró que ese escenario sería poco probable. A su juicio, el caso del exmandatario es muy distinto al de Petro, quien pudo participar en las elecciones de su país gracias a una medida cautelar dada por el organismo supranacional, por lo que no podría constituirse como un antecedente.
“El problema que tiene Vizcarra es que tiene dos inhabilitaciones por diferentes hechos y uno en trámite. La CIDH tendría que analizar donde está el defecto procesal o de fondo para suspender cada una de las inhabilitaciones, es muy complejo (...) incluso, podría darle la cautelar para uno de los casos, pero no para todos”, aseveró.
Martín Vizcarra presentó una medida cautelar ante la CIDH para anular sus inhabilitaciones y poder ser candidato en las elecciones del 2026. (AFP).
Contra el tiempo: Vizcarra espera una respuesta hasta fines de octubre
El expresidente también tiene que esquivar otro factor que le impediría ser candidato en el 2026: el tiempo.
El experto en temas electorales, José Villalobos, recordó que, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el JNE, la última fecha para inscribir candidaturas para las elecciones internas es el próximo 31 de octubre.
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Frente a ello, informó que, en el eventual escenario que el TC anule las inhabilitaciones de Vizcarra, esta resolución tendría que dictarse antes del 31 de octubre para que el exmandatario pueda ser postulante al sillón de la casa de Pizarro sin ningún impedimento legal.
“Martín Vizcarra tiene que estar inscrito en las primarias y para eso tiene que estar afiliado a un partido y no tener inhabilitaciones”, remarcó el especialista.
Respecto a la decisión del DNROP de retirar la militancia partidaria de Vizcarra, Villalobos informó que podría ser apelable ante el pleno del JNE; sin embargo, vio poco probable que proceda en dicha instancia.
“El ROP lo que ha seguido es el mandato del TC. Hay una sentencia frente a un amparo presentado por Alberto Fujimori, en donde se discutió los efectos de la inhabilitación del Congreso. En ese fallo se ha señalado que dentro de los efectos de la inhabilitación del Parlamento es que te impiden pertenecer a un partido y es una sentencia vinculante. Entonces, el pleno no podría ir en contra de lo que ha dicho el organismo constitucional”, apuntó.
Finalmente, consideró que solo “un milagro” podría ayudar al exmandatario.
“Creo que en este caso Vizcarra ya perdió las chances de ser candidato el 2026, aunque solo un milagro lo salvaría: que el TC le dé la razón y declare fundado sus amparos antes de que venza los plazos para inscribir candidaturas para las primarias, antes de fines de octubre”, afirmó.
Precisamente, el abogado del exmandatario, José Palomino Manchego, envió un oficio a la titular del TC, Luz Pacheco, en el que le pidió que, a la brevedad posible, su institución emita una sentencia frente a la demanda de amparo que presentaron para anular su segunda inhabilitación.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
