El Ministerio Público ha solicitado seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra como parte del juicio oral que se le sigue por la presunta comisión de actos de corrupción vinculados a la adjudicación de dos obras públicas durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014). Conoce los detalles de esta investigación.
Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua
El 16 de octubre de 2020, la Fiscalía dispuso abrir investigación preliminar contra Vizcarra, en su condición de ex gobernador regional de Moquegua; Elard Tejeda Moscoso (ex gerente general de Obrainsa), Fernando Castillo Dibós (ex directivo de ICCGSA), y Rafael Granados Cueto (ex gerente comercial de ICCSA) por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
La decisión se adoptó luego que el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial tomó conocimiento de presuntos actos de corrupción cometidos durante el desarrollo del proyecto Lomas de Ilo y el mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua.
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En el marco de las investigaciones del Caso Club de la Construcción, dicho despacho fiscal recibió la declaración de dos colaboradores eficaces, quienes señalaron irregularidades en la adjudicación de las dos obras.
Presentan acusación fiscal
El 16 de diciembre de 2022, el Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal provincial Germán Juárez Atoche, formuló requerimiento acusatorio contra el expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio, por hechos vinculados a su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La acusación fiscal, que cuenta con 800 folios, fue presentada ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria.
El Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de pena privativa de la libertad contra el exmandatario, por dos hechos: el proyecto Lomas de Ilo, y el proyecto Ampliación y Mejoramiento Hospital de Moquegua.
Asimismo, pidió contra Vizcarra 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y S/151,580 por concepto de días multa.
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Juicio oral
El 4 de enero del 2024, el Poder Judicial dispuso impedimento de salida del país contra Vizcarra Cornejo durante 12 meses a fin de asegurar su presencia en juicio oral.
El 5 de febrero 2024, A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial dictó el sobreseimiento (archivo) de los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones a favor del expresidente Vizcarra.
El 3 de mayo del 2024, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
El 28 de octubre de 2024, cinco meses después de la autorización, el Poder Judicial instaló el juicio contra el expresidente y el Ministerio Público se reafirmó en su pedido de 15 años de cárcel contra Vizcarra Cornejo.
El 17 de Febrero del 2025, la Sala Penal de Apelaciones de Emergencia de la Corte Superior Nacional confirmó la prolongación de la orden de impedimento de salida del país por seis meses adicionales contra el exmandatario, tras declarar infundado su recurso de apelación. Este tribunal fijó el 4 de julio de 2025 como la fecha en que vence la medida restrictiva.
El 24 de junio 2025, el Ministerio Público solicitó seis meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra ante el próximo vencimiento de la medida de impedimento de salida del país que se le impuso el año pasado.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el 25 de junio la audiencia para evaluar el requerimiento de la fiscalía, pero luego la suspendió para este jueves 26 de junio ante la exigencia del fiscal Juárez Atoche para que el acusado asista de manera presencial y no virtual.
La imputación fiscal
Sobre el proyecto para ampliar la frontera agrícola Lomas de Ilo, el Germán Juárez Atoche, imputa al exjefe del Estado haber sostenido reuniones en Lima, en noviembre de 2013, con Elard Tejeda Moscoso (Obrainsa) para ofrecerle ayuda para ganar la buena pro de la licitación antes citada, a cambio de un beneficio económico indebido.
Se señala que el exmandatario habría entregado información privilegiada a la compañía y como recompensa supuestamente requirió un pago del 2 % del costo directo de la obra, que ascendía a S/ 1 016 212.76. El contrato entre el Gobierno Regional de Moquegua y el consorcio Obrainsa se firmó en diciembre de 2013.
En cuanto al proyecto para el mejoramiento del Hospital de Moquegua, el Ministerio Público sostiene que Vizcarra solicitó la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de S/ 1′300,000, para no objetar y
suscribir la buena pro de la obra al consorcio Hospitalario Moquegua, conformado por ICCGSA e INCOT.
Este segundo contrato se firmó el 18 de diciembre de 2013. El consorcio materializó las entregas ilícitas de dinero a favor del acusado, tras recibir el primer adelanto por la obra.
Según la fiscalía, Martín Vizcarra habría recibido S/ 2.3 millones en coimas de las empresas constructoras a cambio de las licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
