La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial evaluó la apelación presentada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra contra la orden de cinco meses de prisión preventiva. Esta medida fue dictada el 13 de agosto por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien alegó riesgo procesal, peligro de fuga y conducta cuestionable del acusado.
Esta diligencia se da en el marco del proceso por presunto cobro de sobornos durante la ejecución de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional (2011–2014).
La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría recibido coimas a cambio de favorecer a empresas constructoras. La defensa del expresidente niega los cargos e insiste en que cuenta con arraigo familiar y laboral, y que la medida resulta desproporcionada.
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Tras la resolución judicial, Vizcarra fue ingresado al penal de Barbadillo el 14 de agosto, donde cumplen condena o prisión preventiva otros exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Días después, el INPE dispuso su traslado al penal Ancón II, de régimen común, argumentando que no le correspondía dicha clasificación en Ate. El expresidente denunció un acto arbitrario y de carácter político, aunque aseguró que “resistirá desde el lugar al que lo manden”.
Días después, el nuevo titular del Ministerio de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que el exmandatario volvería a ser conducido a Barbadillo.
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La defensa de Vizcarra, encabezada por el abogado Erwin Siccha, busca revertir la medida alegando errores de forma y fondo en la resolución del juez Chávez Tamariz. Sostiene que su cliente no representa un peligro de fuga y que la prisión preventiva afecta sus derechos fundamentales.
Por su parte, la Fiscalía solicitará que se confirme la medida, pues considera que existen suficientes elementos que justifican el encarcelamiento temporal mientras avanza el juicio.
El fallo podría emitirse hoy mismo o ser notificado en las próximas horas a través de las casillas electrónicas de las partes.
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El juicio oral contra Vizcarra se inició en octubre de 2024, y la Fiscalía ha solicitado hasta 15 años de prisión por los presuntos sobornos. Varios exejecutivos han declarado en su contra, mientras que el expresidente asegura ser víctima de una persecución política.
Si la apelación es declarada fundada, Vizcarra recuperará su libertad de manera inmediata. Si se confirma la prisión preventiva, deberá cumplir los cinco meses de encierro en Barbadillo, mientras su defensa podría recurrir a la Corte Suprema en casación.
Vizcarra en audiencia
Durante la audiencia, el expresidente Martín Vizcarra calificó como una “injusticia sin nombre” la prisión preventiva en su contra y cuestionó que, mientras empresarios vinculados a casos de corrupción como Odebrecht, Graña y Montero, Obrainsa o Cosapi han admitido su responsabilidad sin haber recibido condena ni pisar la cárcel, él se encuentre privado de su libertad sin sentencia.
Durante la audiencia, Vizcarra alegó que el juez sustentó la medida en un supuesto “decaimiento del arraigo familiar y laboral”. Sin embargo, afirmó que mantiene un núcleo familiar estable, pues vive con su esposa y dos de sus cuatro hijos, quienes, con 25 y 20 años, aún dependen económicamente de él y cursan estudios universitarios.
“¿Cómo puede decirse que mi arraigo ha decaído? Hace cuatro años mi hijo menor terminaba la secundaria y ahora estudia en la universidad. Sigue viviendo conmigo y dependiendo de nosotros. El acta de allanamiento en mi domicilio acreditó que convivimos como familia. No ha cambiado nada”, enfatizó el exmandatario.
