Martín Salas, vocero de Alianza para el Progreso (APP), señaló que la Universidad César Vallejo (UCV) es la entidad responsable de responder por la desaparición de las tesis de maestría y doctorado de la congresista María Acuña, hermana del líder del partido, César Acuña. Aclaró además que este último no tiene responsabilidad alguna en el hecho.
“La señora María Acuña es una ciudadana que postula sus tesis ante la administración educativa para obtener los grados. Quien tiene que responder esto es la autoridad educativa. El que (César Acuña) tenga alguna relación en calidad de dueño o lo que sea, (la universidad) tiene una administración de educación y son ellos los que tienen que responder”, manifestó en Cuentas Claras, de Canal N.
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En ese sentido, el vocero de APP enfatizó que no se debe atribuir responsabilidad a César Acuña, pese a su vínculo como fundador y propietario de la universidad.
“Quieren atribuirle responsabilidad a César Acuña cuando no la tiene. Es el dueño de la universidad, pero no tiene responsabilidad. Las empresas que están investigadas por el Club de la Construcción tienen varios accionistas, pero no todos los accionistas participaron de estos actos de presunta corrupción”, añadió.
Cabe recordar que, según una investigación del programa Punto Final, la UCV indicó que los trabajos académicos de María Acuña se extraviaron como consecuencia de un huaico que afectó su sede en Chiclayo en el año 2017.
María Acuña aseguró que tiene copias de sus tesis perdidas: “En Chiclayo deben estar”. Foto: Difusión.
Consultado por el esquema implementado por la Mesa Directiva del Congreso que permite la contratación de personal sin requisitos formales de experiencia o formación, Martín Salas pidió diferenciar entre los distintos tipos de contratación dentro del Legislativo.
“Hay que distinguir entre la estructura administrativa del Congreso y la forma en que se contrata personal”, señaló Salas. “Existen dos ámbitos claramente diferenciados: la organización congresal y el servicio congresal”, sostuvo.
Según explicó, la organización congresal está conformada por el personal de confianza que cada parlamentario designa directamente. “Se trata de profesionales o personas que, además de tener competencia, gozan de la confianza de quien los nombra. Puede ser una secretaria, un asesor o alguien que tenga afinidad con los principios del funcionario que lo designa y del partido que representa”, detalló.
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En cambio, en el servicio congresal —agregó— las exigencias son mayores y los procesos están regulados por requisitos formales y escalas profesionales. “Para ser asesor 1 o 2, por ejemplo, se requiere título profesional, y en muchos casos una maestría o un doctorado. Aquí, el área de Recursos Humanos está involucrado en el nombramiento”, explicó.
Finalmente, precisó que el número de cargos de confianza también está limitado por el número de plazas asignadas a cada congresista. “Si cada congresista tuviera 4 asesores, multiplicado por 130, entonces se tendrá un gran número de cargos de confianza”, afirmó.
