La presidenta Dina Boluarte envió una carta notarial al médico cirujano Mario Cabani en el que le exige que no declare sobre sus cirugías realizadas en el año 2023 ante la comisión de Fiscalización del Congreso.
Así lo confirmó el presidente de dicho grupo de trabajo, Juan Burgos, tras cuestionar la postura adoptada por la jefa de Estado.
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“Es una amenaza velada, pero eso va a depender mucho del deber que tiene Mario Cabani en decir la verdad. Él se ha comprometido a decir la verdad”, indicó esta mañana a la prensa.
Según dijo, en dicho documento la presidenta le recordó al galeno que sus declaraciones sobre la investigación que pesa en su contra solo deben realizarse ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que le pidió que no asista a la citación que le formuló el grupo de Fiscalización.
Pese a ello, Burgos adelantó que reprogramó la citación de Cabani para el próximo miércoles 28 de mayo. Según dijo, su abogado confirmó la presencia del médico.
“Desde el Ejecutivo están bloqueando las indagaciones que estamos haciendo en la comisión. Nosotros ya hemos emitido un informe preliminar y con lo que el doctor Cabani nos diga completaremos ese informe”, sostuvo.
Finalmente, dijo que insistirá en su pedido para que la Mesa Directiva priorice en la agenda del Pleno la moción que le otorga facultades a la comisión de Fiscalización a fin de investigar las cirugías de la presidenta.
“Vamos a volver a insistir en la priorización de ese tema tan importante pero, a pesar de que no tengamos las facultades, tenemos el testimonio de Cabani y estamos solicitando a los otros miembros del equipo del doctor que asistan a la comisión, por ejemplo, el 28 acudirá el anestesiólogo”, remarcó.
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CARTA NOTARIAL DE BOLUARTE “ES INTIMIDATORIA”
Por su parte, la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, cuestionó duramente a Boluarte por haber enviado una carta notarial a Cabani. A su juicio, esto representa un acto intimidatorio que evidencia falta de transparencia en sus pagos realizados al médico.
En declaraciones a la prensa, advirtió que el hecho de que el pago de US$ 4,500 no haya sido bancarizado ni realizado mediante aplicativos genera sospechas sobre su legalidad.
Sugirió que el dinero habría sido entregado “en un sobre manila y bajo la mesa”, comparando esta práctica con la de organizaciones delictivas.
Chirinos también dirigió sus cuestionamientos a Mesa Directiva del Congreso, a la que acusó de proteger a la jefa de Estado y bloquear investigaciones que podrían esclarecer los hechos.
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