Once días después de haber sido removida del cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara presentó una demanda de amparo ante el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de anular la disposición del Ejecutivo y regresar a su puesto.
En el documento, la exfuncionaria pide estas cosas en concreto: la identificación de los derechos fundamentales vulnerados y que se ordene la inaplicación total del Decreto Supremo n.º 007-2023-MTC, que fue publicada el último 11 de mayo.
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A través de esta resolución, que fue firmada por la ministra de Transportes, Paola Lazarte, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, se dieron por concluidas las funciones de Jara Risco al frente de la ATU y le “agradecen” por los servicios prestados.
“Se ordene mi inmediata reposición en el cargo de miembro y presidenta del Consejo Directivo de la ATU, propuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, se lee en el documento.
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En la demanda, Jara precisa que adoptó esta medida debido a que se han vulnerado sus derechos fundamentales al ejercicio pleno de la función pública. En ese sentido, pide que se respete el periodo de gestión para la que fue elegida (5 años).
En la víspera, la exfuncionaria calificó de “barbaridad jurídica” la norma que cambió el reglamento de la ATU, y que posibilitó su salida del cargo.
En reemplazo de Jara, el Gobierno designó a José Aguilar Reátegui como nuevo titular del organismo fiscalizador del transporte urbano.
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