El Congreso de la República oficializó la suspensión de María Cordero del cargo a través de resolución 005-2023-2024-CR, durante un plazo de 120 días en el descuento de sus haberes durante ese periodo.
Esta medida fue aprobada por la Comisión de Ética Parlamentaria, ya que consideraron que la parlamentaria infringió el artículo 14 del Código de Ética, que rige el comportamiento de los congresistas.
Denuncia constitucional pendiente
En el mes de abril, un programa televisivo difundió la denuncia de un extrabajador del despacho de María Cordero, señalando que la congresista le retenía entre el 50% y 75% de su sueldo, junto a Branden Paredes, trabajador de otra área del Poder Legislativo.
María Cordero fue separada de la bancada de Fuerza Popular y Matha Moyano planteó una denuncia constitucional en su contra. Mientras tanto, la Comisión de Ética Parlamentaria se encargaba del caso para su aprobación y posterior sanción.
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En el caso de la denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la aprobó el 28 de noviembre. En ella se establece que la parlamentaria incurrió en delito de colusión y se le imputó infracción a los artículos 1, 2, 22, 23, 38 y 45 de la constitución.
En esta línea, también se plantea suspenderla de su labor parlamentaria durante la investigación fiscal y judicial, e inhabilitarla del ejercicio de la función pública por un lapso de 10 años.
Esta acusación será sometida a debate y votación en el pleno del Congreso.
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