El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, afirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene plena competencia para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En ese sentido, enfatizó que las resoluciones emitidas por órganos constitucionales “se presumen válidas” y deben ser cumplidas.
“¿Por qué tendría que cuestionarse una resolución emitida por un órgano constitucional, legalmente constituido, evacuado por un colegiado? Es como una sentencia: si el Tribunal emite una sentencia, cuestionarla sería complejo”, señaló en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.
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Gutiérrez Ticse subrayó que si alguna autoridad considera inválida dicha resolución, tiene la obligación de impugnarla por las vías legales. “Todas las decisiones de los órganos de poder legalmente constituidos son plenamente válidas. Si alguien quiere cuestionarla, pues tiene que impugnarla. Los altos funcionarios estamos obligados a cumplir las leyes y los mandatos”, precisó.
El magistrado también recordó que la JNJ es la entidad competente no solo para nombrar, destituir o inhabilitar, sino también para reponer a magistrados. “Ya cumplió con su mandato. La JNJ no puede hacer más. Ahora les tocará a las partes vinculadas tomar las acciones que correspondan”, señaló.
Delia Espinoza acusa a Benavides de haber entrado de forma indebida al Ministerio Público, el pasado lunes, y presentó una denuncia penal en su contra. Foto: El Peruano.
Sobre el debate generado por la abstención de Francisco Távara en la votación de la JNJ, Gutiérrez Ticse consideró que se está haciendo una lectura reducida de la norma. “Desde mi punto de vista, la lectura no es sistémica. La ley de procedimiento administrativo habla de los miembros presentes en una sesión. No puede dejar de funcionar el aparato estatal si hay una ausencia por enfermedad o riesgo”, apuntó.
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Finalmente, advirtió que ciertas interpretaciones podrían generar un “pésimo mensaje” a la ciudadanía y debilitar las instituciones. “Técnicamente, el Ministerio Público y los órganos de justicia somos garantes de la legalidad y de los mandatos de las resoluciones, sea el órgano que corresponda. Cuestionar de hecho decisiones sin mecanismos de corrección puede generar un grado de responsabilidad”, concluyó.
