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El pasado viernes, el Congreso de la República designó a los miembros de la comisión ad hoc que investigará la existencia de una presunta red de prostitución en la institución que habría sido organizada por el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.
A través de un comunicado, se detalló que la mesa estará presidida por Patricia Durand Vásquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, y la acompañarán Flor de María Carrillo Tello, de la Oficialía Mayor y encargada de brindar asesoría y apoyo en la Unidad Funcional de Integridad Institucional, y Natalia Escudero Rodríguez, de la Dirección General Parlamentaria.
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Al respecto, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, dijo desconfiar de lo que pueda hacer este grupo de trabajo al recordar que sus miembros dependen de la Oficialía Mayor del Parlamento, que está ligada a la actual Mesa Directiva.
“Lo ideal hubiera sido que sea una comisión absolutamente independiente, alejada de la actual Mesa Directiva. El problema es que la comisión que se ha conformado está integrada por funcionarios que dependen de la Oficialía Mayor”, cuestionó tras recordar que solicitó formar una comisión integrada por bancadas que no sean afines a la actual Mesa Directiva, pero no obtuvo respuesta.
En ese sentido, no descartó que puedan haber ‘blindajes’ a algunos funcionarios de la institución involucrados en estos hechos.
“Mi temor es el tema de la imparcialidad y la objetividad, porque ya sucedió en el Congreso que cuando se tratan de hechos gravísimos, que involucran a congresistas afines a distintas bancadas, se generan blindajes y no se llega a esclarecer ni responsabilizar oportunamente. Tengo razones fundadas para dudar de esa imparcialidad, que era trascendente en este tema”, apuntó.
Añadió que era responsabilidad del Congreso asegurar una investigación independiente y objetiva, la cual no debería estar ligada a la Mesa Directiva.
“En mi opinión, lo que ha hecho la Presidencia, delegando a tres funcionarios que tienen una relación directa con la actual Mesa, no genera ese nivel de objetividad. Ojalá que cuando la Fiscalía profundice, y exista una relación con aforados, no se genere blindaje”, sostuvo tras recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones es presidida por Alianza para el Progreso (APP).
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“Si aquí hay aforados, ojalá que el Congreso no genere blindajes. Que se habilite y las denuncias se acojan con la prontitud y la responsabilidad que esto merece, porque la imagen del Congreso está por los suelos”, acotó.
Citan a Roger Torres
De acuerdo con la invitación, el exfuncionario del Legislativo ha sido convocado para que explique “los criterios adoptados para la propuesta y contratación laboral del personal que labora en la oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso”.
También deberá dar cuenta sobre los cargos imputados en su contra respecto a la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso, así como el atentado ocurrido contra la exservidora de la institución, Andrea Vidal Gómez, quien falleció en extrañas circunstancias.
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