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Pese a que el gremio de transportistas advirtieron la convocatoria a un paro nacional indefinido si es que el Congreso no deroga la ley que modifica la definición del crimen organizado, desde Fuerza Popular tienen claro que no deben ceder en la postura de solo hacer ajustes a la norma.
En esta entrevista con Gestión, el secretario general de dicha agrupación, Luis Galarreta, se pronuncia por la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, así como considera que al Gobierno de Dina Boluarte le falta poner “mano dura” para enfrentar esta problemática.
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Lo que pasa es que hay un sector que no quiere aprobar esto. Conozco que han habido acuerdos y se han reunido previamente al Pleno. Para nosotros esta situación es terrorismo urbano y creemos que los policías y militares deben de tener un fuero especial para enfrentar esta situación, pero si eso no lo quieren acoger nosotros ayer (sábado) estábamos dispuestos a ceder ya que lo veríamos en otro proyecto, pero hay que aprobar algo, pero lo que tu ves en el Congreso es a un sector encabezado por Roberto Sánchez, Sigrid Bazán y toda esta gente que han encontrado un caballito de batalla en la famosa ley del crimen organizado, este sector siempre son “patria y muerte”, esa gente no quiere negociar.
-¿Qué pasó esa noche?
Como te dije, nosotros hemos llegamos a acuerdos en puntos, como el tema del fuero militar. Sino lo quieren recoger, dijimos que no importa, tampoco quisieron el termino terrorismo urbano, bueno, para nosotros sí es terrorismo, pero si ustedes no quieren, pueden poner el tipo penal que quieran, lo importante es como se desarrolle el tipo penal. Lo que sentimos ahí es que a pesar de que hay un sector, en el que nos encontramos, que ha cedido en el tema del nombre y del fuero militar, el otro grupo no quiere nada, ellos lo que quieren básicamente es derogar una ley que es un objetivo político, esto no tiene nada que ver en la lucha contra la criminalidad. Nosotros dijimos que si hay que precisar, pues precisemos, pero ellos no quieren, quieren eliminarlo. Eso obviamente está entrampando lo que se tiene que aprobar en el Congreso.
-Si bien el gremio de transportistas ha paralizado sus protestas, anunciaron que volverán retomarla, pero esta vez de manera indefinida y tendrían el respaldo de más agrupaciones. Ellos no quieren cambios a la ley de crimen organizado, exigen su derogación, ¿qué harán al respecto?
En las marchas contra Dina Boluarte había mucha gente que protestaba con justa razón, pero habían algunos infelices que los hacían marchar por un objetivo político. Entonces, yo hablo con un montón de bodegueros por mi barrio y ninguno sabe de la ley y ni la ha visto. Estamos en un país libre y estas personas pueden hacer su paro, es parte de la democracia estas expresiones, pero lamentamos el hecho de cómo los usan en un tema tan sensible como la seguridad. Es su derecho ir a un paro indefinido, pero definitivamente aquí lo que está pasando es un uso político de una situación que solo se enfrenta y se soluciona como el fujimorismo enfrentó el terrorismo, no hay otra manera.
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-Pese a esta advertencia, ¿usted cree que el Congreso no debe ceder?
Bueno, esa es una decisión que le compete a nuestros congresistas. Si yo fuese congresista, tengo clarísimo que esto no tiene nada que ver con lo otro, ahora, ya será un tema de los legisladores si quieren analizarlo o no. He escuchado que la mayoría entiende, porque cualquier ley puede ser mejorada o perfeccionada e, incluso, si se tiene que hacer precisiones para que se entienda, mejor, pero de ahí que esta gente quiera usar la inseguridad para querer amenazar, eso definitivamente en una democracia no se puede aceptar.
La ley está malentendida porque algunos medios de comunicación obviamente han querido hacer una narrativa. A mí no me extraña la postura de los empresarios porque siempre apuestan por cada persona en el poder, que es un fracaso. A mí siempre me ha parecido que los empresarios no entienden finalmente en qué modelo estamos y quienes son los que realmente defienden que el país sea libre, a veces algunos se confunden.
-El premier Gustavo Adrianzén prácticamente responsabilizó al Congreso por la aprobación de esta norma y señala que no está en manos del Gobierno su derogación, ¿qué le parece esta postura adoptada desde el Gobierno?
Es válido que el Parlamento y el Ejecutivo no siempre estén en coincidencia, pero lo que me parece extraño es que el viceministro de Justicia (Juan Alcántara), quien estuvo a unas cuantas sillas del premier en la ultima conferencia, demostró por qué la ley no tiene nada que ver con el crimen organizado; o sea, hizo un análisis jurídico impecable. Entonces, tal vez Adrianzén no lo ha escuchado, y está en su derecho. A mi realmente me preocupa esa diferencia entre la PCM y el sector justicia.
-¿Pero no cree que desde el Ejecutivo se están desentendiendo del problema?
El tema de la inseguridad le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué se necesita del Congreso?, vuelvo a repetir, que apruebe un marco para que le brinde a policías y militares su respaldo jurídico, legal y político cuando tengan que salir a enfrentar esta problemática y que cuando terminen matando a uno de estos delincuentes, después no terminen presos. La ley de crimen organizado es una papa caliente porque así lo ha construido un determinado sector, pero el problema del crimen organizado le corresponde al Gobierno.
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Ley de crimen organizado no aplica en caso ‘Cocteles’
-¿Exactamente qué tipo de precisiones buscan hacer en la ley de crimen organizado?
Bueno, ya es un tema que saldrá del debate de los propios congresistas, pero ahí sentimos que a muchos les han metido una idea equivocada y eso de los allanamientos se debería precisar. Te vuelvo a repetir, no es un tema que nosotros hayamos aprobado en mayoría, así que es algo que se puede especificar para que no haya ningún problema.
-Sin embargo, en la televisión se ha visto que en los distintos operativos que llevaron a cabo la Fiscalía y la PNP tras la promulgación de la ley se registró una demora al ingresar a los inmuebles. Además, el fiscal Jorge Chávez Cotrina advirtió que se han perdido pruebas por esperar hasta que lleguen los abogados de los investigados. ¿No le preocupa eso?
Sí los he visto, pero esos operativos pueden estar bien armados para tratar de bajarse la norma o criticar al Congreso. Te lo vuelvo a repetir, al Parlamento se le puede criticar por los ‘mochasueldo’ o por normas populistas, pero hay que dejar en claro algo, hay dos tipos de personas, en primer lugar, aquellos políticos y opinólogos que tienen un interés absoluto, como la señora Marianella Ledesma y Verónika Mendoza, que venden una idea falsa de lo que es la ley, y, en segundo lugar, las personas de buena intención que lo único que hacen es leer las portadas de los diarios cuando van a tomar el carro, prender su televisión o usar internet. A estas personas de buena voluntad lo que yo les tengo que decir es que lamentablemente siempre hay una desinformación y manipulación de algo que no es verdad.
-Varios especialistas les critican a ustedes su incoherencia en el tema porque, por un lado, plantean medidas para combatir la delincuencia, pero, por otro lado, apoyan y respaldan esta norma...
Nosotros somos sumamente coherentes. Somos tan coherentes que hemos planteado la salida del Pacto de San José en los casos de terrorismo para que no les estén pagando indemnizaciones millonarias a terroristas y delincuentes. Somos tan coherentes que, por eso, nos hemos enfrentando políticamente a quienes, mas bien, desde Alberto Paniagua hacia adelante han salido a defender a todas esas lacras asesinas. Lo que pasa es que al sector caviar le preocupa la ley del crimen organizado por otros temas.
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-¿Cómo cuáles?
Supongo que los cambios a la tipicidad de una organización criminal, porque con la tipicidad que se usaba antes la Fiscalía politizada, obviamente, ataca a los opositores. Ahí está el caso del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori.
-Pero al cambiar la tipicidad del crimen organizado, los investigados en el caso ‘Cocteles’ han pedido acogerse a esta ley. Evidentemente, buscan beneficiarse con esta norma, por eso también los critican.
Me pregunto, ¿la crítica es por que ha subido la criminalidad o es porque, con esto, los perseguidos políticos, como lo son los del caso ‘Cocteles’, han presentado su acción de amparo? Ahí es donde se tienen que sincerar las ‘Ledesmas’, ‘Mendozas’ y todos los caviares que salen a criticar, tienen que sincerarse.
-La crítica va por ambos lados. Además, no solo los investigados del caso ‘Cocteles’ han pedido acogerse a esta ley, sino también los involucrados en los ‘Waykis en la sombra’ y los legisladores Waldemar Cerrón y José Luna Gálvez, entre otros.
Tu opinión me parece válida, pero en el caso ‘Cocteles’ esto no aplica, porque para nosotros está claro que eso es una persecución política orquestada directamente por los caviares contra Keiko Fujimori. Entonces, vuelvo al tema, el problema ya no es porque la ley de crimen organizado ha posibilitado que el ‘Tren de Aragua’ haya avanzado, ahora el fondo del tema es otro. En cuanto a los recursos, para eso está el juez, ya que tendrá que determinar si le corresponde o no. Para eso estarán los jueces, para aplicar (la ley o no) y creo que a algunos que has mencionado no se les ha aplicado. Eso es un tema que tendrá que verse en segundas instancias, pero la norma se hace por el abuso de algunos fiscales que todo lo ven crimen organizado.
Defiende las medidas planteadas por Fuerza Popular
-En un comunicado, Fuerza Popular planteó una serie de medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellas, el que las FF.AA. administren temporalmente por 120 días las cárceles. ¿De qué manera cree que esto servirá?
Las FF.AA. han sido actores importantes cada vez que hemos tenido una situación muy disímil y creemos que estamos en esa situación, en la que por un celular te matan. Si nosotros sabemos que casi más de la mitad de los crímenes, como los secuestros y extorsiones, se manejan desde los penales, es porque ha habido ineficiencia y corrupción. Entonces, en cualquier metodología tú tienes que ir rotando a la gente, al personal y a quienes se encargan de las prisiones. Si las Fuerzas Armadas en 120 días limpian las cárceles de verdad habrá una mejora, porque ahora se hacen requisas, levantan 30 celulares, pero se quedan otros 80 o 100, y eso es porque, obviamente, deben haber hechos de corrupción o incapacidad para encontrar los verdaderos escondites. Por eso debes romper esa cadena en un plazo mínimo y eso es lo que plantemos en ese caso concreto.
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-El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao por el aumento de criminalidad, ¿será suficiente?
Ahí es donde tenemos una discrepancia con el Gobierno. O sea, si en el estado de emergencia las FF.AA. no van a entrar a tener el control, como lo dice la Constitución, y solo es un acompañamiento, eso no sirve. Estamos en un nivel tan grave que el estado de emergencia tiene que servir para que la inteligencia, en lugar de estar detrás de los políticos, debe estar detrás de donde operan estos criminales y agarrarlos a todos estos sinvergüenzas. Lo que nosotros estamos reclamando es no solo medidas urgentes, sino también un cambio en la actitud del Gobierno
-Entonces, ¿cree que una medida de este tipo así como se ha dado no tendrá resultados?
Absolutamente. Los policías y militares en un estado de emergencia entran a hacer lo que tienen que hacer: patear puertas, romperlas, sacar a estos malditos y llevarlos a otro lado. Entonces, si no van a hacer eso,¿ para qué hacemos estado de emergencia? Si la actitud no es esa, yo creo que el estado de emergencia no va a funcionar. Quizá el Gobierno tiene temor y miedo a que las ONG después los denuncien
-Ustedes también recomiendan que las FF.AA. se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias declarados en emergencia, ¿pero no cree que eso podría generar abusos y más exaltación por parte de la población?
Si nosotros fuéramos Gobierno, el tema de la inseguridad ciudadana lo solucionamos, así te lo digo, porque tienes que tener la inteligencia de lado. Puede haber en algún momento algún error y tiene que ser castigado. Ojo, dejemos claras las cosas, cuando yo te digo que en un estado de emergencia la Policía y las FF.AA. tienen que agarrar, patear la puerta, entrar y llevarse a todos estos asesinos y si un policía o militar comete un abuso o error, bueno, pues evidentemente no estamos hablando de esa situación, y además esto es temporal. Si existiera un abuso, tendrá que sancionarse, pero por supuesto que la inteligencia y el Gobierno tienen que ser capaces de evitar el mínimo de abusos o de errores. Acá hay una sola forma de acabar con esta situación. Creo que la gente con dos dedos de frente lo sabe, pero si vamos a estar titubeando o ser timoratos, no sé cuanta más gente tiene que morir.
-¿Qué diferente hubieran hecho?
En primer lugar, el estado de emergencia lo usaríamos realmente con inteligencia, con una sola dirección y no permitiríamos que los militares estén paseando, sino estos deben entrar (a los inmuebles), irrumpir, detener a toda esta gente y empezar a limpiar, pero para eso hay que darle un marco de defensa a nuestros policías y militares, hay que darles presupuesto. También hay que preguntarles a los jueces y fiscales si necesitan seguridad; o sea, hay mucho más que hacer. Entonces, nosotros aquí entraríamos con mano dura dentro del marco constitucional, pero con todo.
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-¿Desde Fuerza Popular sostienen que a la presidenta le está faltando mano dura para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana?
Sí. En el 2016, Keiko Fujimori habló de unas cárceles a 4,000 m.s.n.m., en donde no hay señal, y me acuerdo que el candidato que pasó a la segunda vuelta (Pedro Pablo Kuczynski) decía que eso es inhumano y que cómo va a ir la gente hasta allá. Keiko Fujimori habló de mano dura, porque tiene que haber una mano dura y un cerebro que articule con todos. Entonces, yo siento que el Gobierno todavía no ha medido, o no quiere dar ese paso que hay que dar para resolver este problema.
-Si bien ustedes consideran que la inseguridad ciudadana se ha desbordado, parece que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es intocable. ¿Qué tendría que pasar para que apoyen su censura o pidan su cambio?
Él ha dado un plazo de 60 días, que es lo que dura el estado de emergencia, para ver los resultados y, de lo contrario, renunciaría. El ministro del Interior mostrará su eficiencia o ineficiencia terminando el plazo que ha planteado. Si se va antes, se irá antes, pero no es tanto qué tiene que pasar, porque al final más allá del ministro, es el gobierno que tiene que tener una idea clara y concreta sobre lo que se tiene que hacer, porque yo siento que ahí hay una carga muy política. Y hay que ser sinceros, al ministro del Interior le tienen más cólera porque sacó al coronel Harvey Colchado que por otra cosa, sobre todo, a un sector. A nosotros nos interesa enfrentar esta situación como se debe enfrentar y si hay que cambiar de ministro del Interior, pues hay que cambiarlo, pero después si viene otro ministro, ¿en cuanto tiempo lo cambiamos?.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
