El abogado Luciano López Indicó que si por ejemplo la PNP detecta a extorcionadores estos no podrán ser detenidos preliminarmente, si es que no existe flagrancia. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El abogado Luciano López Indicó que si por ejemplo la PNP detecta a extorcionadores estos no podrán ser detenidos preliminarmente, si es que no existe flagrancia. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

El Poder Ejecutivo promulgó este miércoles

Al respecto, el abogado señaló, en el programa Cuentas Claras de Canal N, que la norma respaldada por el Gobierno “favorece a la delincuencia en el país”.

“Lo que se ha publicado (el miércoles) le quita las armas a la fiscalía contra la criminalidad”, expresó el letrado.

Recordó que se trata de una norma impulsada por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), hermano del prófugo Vladimir Cerrón. “No están unidos contra el crimen. Están Unidos para el crimen”, ironizó López.

Ahora para realizar una detención preventiva, primero la fiscalía tendrá que agotar la investigación, explicó.

El abogado Indicó que si por ejemplo la PNP detecta a extorcionadores estos no podrán ser detenidos preliminarmente, si es que no existe flagrancia.

Del mismo modo, López cuestionó las normas que sancionan con hasta 12 años de cárcel a jueces y fiscales que liberen a criminales o filtren información. “Es un claro amedrentamiento”. Sostuvo que se trata de normas “inconstitucionales” .

La norma promulgada por el Gobierno

La elimina el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Cabe indicar que dicho inciso permitía a los jueces dictar esta medida a solicitud del fiscal.

Esto ocurría cuando había razones plausibles de que una persona hubiera cometido un delito con pena mayor a cuatro años de prisión y existiera riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.

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De esta manera, el gobierno se plegó a lo aporbado por el Parlamento e impulsado por el legislador , hermano del prófugo Vladimir Cerrón.

Raúl Canelo cuestiona

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), rechazó la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Según Canelo, se trata de una norma “antitécnica” e “inconstitucional” que “penaliza la labor de jueces y fiscales” y afecta directamente la independencia de los operadores judiciales.

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