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El fiscal adjunto supremo Iván Quispe Mansilla sustentó las imputaciones contra Walter Ríos Montalvo y otros investigados durante la audiencia de control preliminar de acusación por los delitos de cohecho, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El representante de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos expuso los hechos que involucran a Ríos Montalvo en su condición de presidente de la Corte Superior del Callao; al juez superior Daniel Peirano Sánchez, presidente de la Cuarta Sala Superior Penal del Callao; al ex fiscal superior Carlos Sáenz y a Raúl Linares Sanoja y su esposa Alejandra Mercurio Rivadossi, vinculados a la empresa AramAsset Management.
Según la investigación fiscal, en un primer hecho, los esposos Linares y Mercurio habrían entregado beneficios a Ríos para que converse con los jueces Julio Lanazca Ricaldi y Pedro Gonzáles Barrera, del Tercer Juzgado Penal del Callao, con la finalidad de que resuelva favorablemente un pedido de desafectación y devolución de 18 barras de oro con un peso de más de 50 kilos.
Este material aurífero -valorizado en US$ 1′837,253.74- fue incautado en 2013, por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), al sospecharse su procedencia ilegal; habiéndose presentado la empresa AramAsset Management, representada por los esposos, a reclamar su devolución alegando ser la propietaria.
En un segundo hecho, se les atribuye a los cónyuges, con la colaboración del ex fiscal superior Sáenz -como intermediario y asesor legal-, haber prometido entregar la suma US$ 50 mil a Daniel Peirano para que resuelva la devolución del oro.
En este caso también intervino el exmagistrado César Hinostroza quien por su condición de juez supremo se encuentra siendo investigado preliminarmente por la autoridad competente.
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Ambos sucesos han sido acreditados por el Ministerio Público con diferentes elementos de convicción como declaraciones, actas de video vigilancia, registros de comunicaciones, entre otros; que fueron presentados ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Por estos casos, el Ministerio Público ha solicitado una pena privativa de libertad e inhabilitación de cinco años y seis meses para Walter Ríos y Daniel Peirano, por el delito de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo especifico, respectivamente.
Mientras tanto, para Sáenz, Linares y Mercurio, por concurso real de los delitos de cohecho activo genérico y específico se solicitan penas individuales de nueve años y 10 meses.