La situación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se complica. El vocero de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, anunció que viene recolectando firmas para presentar una moción de censura en su contra, a raíz de la denuncia en torno a la existencia de una presunta red de prostitución en la institución.
Sin embargo, esta no sería la única moción que se viene preparando en el Parlamento. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, indicó que se vienen redactando otras dos mociones de censura. Una de ellas aplicaría solo para el legislador de APP, mientras que la otra a todos los miembros de la Mesa Directiva.
Al respecto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró a favor de una eventual censura de Salhuana en el cargo. En una conferencia de prensa tras la inauguración de un nuevo Hospital de la Solidaridad, en Villa El Salvador, dijo esperar que se consigan los votos suficientes en el Pleno.
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“Yo creo que sí debería ser censurado (Eduardo Salhuana). Ojalá hayan los votos para censurarlo por mayoría, pero aquí hay un tema por encima de lo político que es la vida humana. No se puede ajusticiar a un ser humano de ninguna manera, no de una manera cruel dejando a una mamá destrozada. Yo sí creo que hay un tema gravísimo que se debe investigar”, apuntó.
Sobre el asesinato de la exasesora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Andrea Vidal, el burgomaestre lamentó este suceso y consideró que la forma en como terminaron con su vida “nunca lo había visto en el Perú”.
En ese sentido, criticó que en el Parlamento intenten minimizar esta situación, pese a que es un grave escándalo.
“Mi indignación no es política, sino humana porque esta señorita tiene mamá, papá, familia, gente que la quiere. Entonces indigna que el Perú caiga tan bajo y que nadie diga nada. En el Congreso tratan de bajar el tono para que la gente se olvide. Yo tengo que levantar mi voz por esta familia”, acotó.
Critica al Poder Judicial
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Como era de esperarse, esta noticia no cayó nada bien en el alcalde de Lima, quien consideró que tanto el Poder Judicial y la Fiscalía “están politizadas”.
“El secretario general del partido (Solidaridad Nacional) era el señor José Luna Gálvez; entonces, los abogados de Renovación Popular lo que plantean es ¿qué diablos tiene que hacer la agrupación respecto a la gestión de Luna Gálvez?, ¿por qué se involucra a un partido? Pero bueno, estamos acostumbrados. Esta Fiscalía y este Poder Judicial, en mi opinión, están politizadas pues”, aseveró.
Renovación Popular es investigado por presuntamente haber utilizado su estructura organizacional para facilitar y favorecer actos de lavado de activos provenientes de dinero ilícito de las constructoras brasileñas antes mencionadas.
De acuerdo con la tesis fiscal, la finalidad era darle apariencia de legalidad a través de su ingreso como falsos aportes de campaña.
La agrupación política, antes conocida como Solidaridad Nacional, habría tenido en su poder parte del dinero de fuente ilícita proveniente de Odebrecht (US$ 200,000 aproximadamente). Dicho monto habría sido entregado a través de Jorge Barata, en la campaña presidencial del 2011.
Para la campaña municipal del 2014, ambas empresas habrían entregado U$S 200,000 y U$S 480,000, respectivamente. Dichos montos fueron ingresados como falsos aportes de campaña y se habrían entregado en un local de la Universidad Telesup.
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