El abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffman señaló que la constructora está pasando por una crisis financiera. (Foto: AFP)
El abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffman señaló que la constructora está pasando por una crisis financiera. (Foto: AFP)

Hoy será un día clave para la investigación del caso Lava Jato en Perú. La jueza María Álvarez evaluará si autoriza la devolución de S/524 millones a Odebrecht. Este monto quedó como saldo, en el fideicomiso custodiado por el Ministerio de Justicia, por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla.

Desde las 9 a.m., el fiscal , del Equipo Especial Lava Jato; el procurador ad hoc Jorge Ramírez y los abogados de la constructora participarán de la audiencia en completa reserva.

Del fallo de la magistrada dependerá si continuará colaborando con las investigaciones del Ministerio Público por corrupción y lavado de activos. Hay alrededor de 550 indagados, entre exfuncionarios, empresarios, políticos y abogados. Si cae el acuerdo, ellos serán los beneficiados, señaló el jefe del Equipo Especial, Rafael Vela.

El abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffman, indicó que la constructora solicita que se ejecute el acuerdo en su totalidad para seguir aportando pruebas a las pesquisas fiscales. Odebrecht no puede seguir pagando a la empresa que se encarga de buscar información sobre Perú en los sistemas Drosusys y My Web Day. “Odebrecht está en dificultades financieras que perjudican a las investigaciones”, declaró Kauffman.

Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata en Curitiba (Foto: GEC)
Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata en Curitiba (Foto: GEC)

La controversia

Hace unas semanas, Odebrecht solicitó a la jueza una aclaración de la sentencia del acuerdo que homologó el acuerdo. Precisamente, el Ministerio Público eximió a Odebrecht de la Ley 30737 por la calidad de información que entregaban sobre corrupción. Eso implicaba la devolución de sus fondos.

Sin embargo, en la sentencia de homologación, la magistrada puso una cláusula que señala que Odebrecht no podrá recuperar el dinero si tiene investigaciones fuera del convenio. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría ad hoc se han manifestado a favor del desembolso.

“La devolución de estos fondos a Odebrecht fue una decisión con la que la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo en su momento, después de sopesar todas las opciones posibles desde un punto de vista técnico-legal y en aras de que el Perú obtenga un bien mayor: la posibilidad de que los ciudadanos conozcan la verdad sobre los políticos, funcionarios y empresarios que cometieron graves delitos de corrupción en agravio del Estado durante los últimos años”, informó la Procuraduría en un comunicado.

Los fiscales del Equipo Especial y los procuradores ad hoc destacaron la utilidad del acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC)
Los fiscales del Equipo Especial y los procuradores ad hoc destacaron la utilidad del acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC)

¿Es necesaria la devolución?

La Procuraduría ad hoc señaló que con la devolución Odebrecht está obligada a pagar la deuda tributaria exigible a la fecha de S/ 435 millones aproximadamente, así como la primera cuota de la reparación civil de S/ 80 millones.

El saldo restante le sería devuelto a la empresa para pagar sus deudas con trabajadores, acreedores vinculados a los proyectos ejecutados en nuestro país, así como para asumir los costos que permitan viabilizar la ejecución del acuerdo (servicios de búsquedas de información en los sistemas My Web Day y Drousys, traslados y logística para las declaraciones de los colaboradores, entre otros).

En tanto, fuentes del Equipo Especial indicaron a Gestión que con el desembolso, la constructora además podrá pagar las deudas de su defensa legal por más de seis meses de atraso y las búsquedas en el sistema que se deben desde diciembre del 2018.

“Adicionalmente, (están obligados a) provisionar los gastos de la colaboración eficaz hacia el futuro y los proyectos que están en marcha y no se han terminado de ejecutar a nivel nacional”, señaló una fuente.

La jueza María Álvarez Camacho, quien definirá el destino de la investigación del caso Odebrecht. (Foto: GEC)
La jueza María Álvarez Camacho, quien definirá el destino de la investigación del caso Odebrecht. (Foto: GEC)

El costo de la información

Gestión también pudo conocer, por ejemplo, que cada diligencia de interrogatorios para que los colaboradores eficaces como Jorge Barata y Ricardo Boleira declaren a los fiscales en Brasil, le cuesta entre US$ 20 mil a US$ 30 mil a la constructora. De otro lado, la cuenta hoy por pagar respecto a Perú es de aproximadamente S/ 700 mil a la empresa que busca información en los servidores.

“La ejecución de los servicios es por hora, no hay un monto fijo mensual o anual. Las pesquisas normalmente consumen bastantes horas por la complejidad de los sistemas (Drousys y My Web Day). Muchos documentos están en PDF, hay que ver uno a uno, y no están ordenados”, comentó otra fuente.

Antes de las búsquedas de pruebas de corrupción, Jorge Barata se debe reunir con sus excolaboradores, algunos en otros países, para precisar la ruta del dinero de las coimas que entregaron. “Es indispensable reunirlos porque muchas cosas no las hizo Barata directamente, sino lo hizo alguien de su equipo. Deben reunirlos para saber cómo y dónde buscar en el sistema. Todo eso genera un gasto. Necesitan liquidez para cumplir con sus obligaciones”, añadieron.

Actualmente, Si bien el Equipo Especial cuenta con abundante información, aún necesitan de más material probatorio para sus investigaciones y eventuales acusaciones.

Jorge Barata, el principal colaborador eficaz del Equipo Especial (Foto: GEC)
Jorge Barata, el principal colaborador eficaz del Equipo Especial (Foto: GEC)

Críticas al acuerdo

La exprocuradora Katherine Ampuero señaló que no es “algo nuevo" la crisis financiera de Odebrecht, pues según dijo, la Procuraduría y la Fiscalía ya sabían de ello cuando firmaron el acuerdo de colaboración en febrero de este año.

“Odebrecht no puede decir que recién ingresa a esta crisis y necesitan dinero para declarar. Ahora la memoria de Jorge Barata no depende si hay dinero o no, pues él es el que tiene conocimiento de los sobornos. Debió dar toda la información desde un inicio, en el año 2017, pero nos pusieron una condición de firmar un acuerdo para darles seguridad de declarar″, declaró a Gestión.

Ampuero manifestó que la constructora puso una segunda condición para declarar sobre corrupción en Perú con la previa aprobación del convenio en el Poder Judicial. “Ya hay sentencia, ahora piden los S/ 524 millones. Mañana, ¿qué van a pedir? “Quiero vender Olmos o Rutas de Lima y necesito ese dinero". Todo es un chantaje"”, anotó.

La abogada también afirmó que son dos años y ocho meses de colaboración con Odebrecht y Jorge Barata cuenta información “a cuenta gotas”. A su juicio,la última diligencia en Curitiba fue un “fracaso”, pues quedó claro que la Fiscalía depende de Odebrecht.

Sugirió al Equipo Especial pedir a Brasil una copia espejo de los servidores encriptados. “Si eso ocurriese, los fiscales manejarían la información, pero hoy quien maneja la investigación es la constructora”, expresó. Dijo esperar que la jueza María Álvarez niegue el desembolso de los S/524 millones.

La exprocuradora Katherine Ampuero afirmó que la jueza debe hacer cumplir la sentencia del acuerdo. Por tanto, negar la devolución de los S/524 millones. (Foto: GEC)
La exprocuradora Katherine Ampuero afirmó que la jueza debe hacer cumplir la sentencia del acuerdo. Por tanto, negar la devolución de los S/524 millones. (Foto: GEC)


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