Caso Camargo Correa: Procuraduría pide S/3.4 mlls. de reparación civil a investigados vinculados a exministro aprista

La jueza María Álvarez decidió incorporar como actor civil a la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato en la investigación preparatoria del Ministerio Público contra Enrique, Rebeca y Carolina Saco Sarmiento, familiares del fallecido exministro Juan Sarmiento.

De esta manera, la defensa del Estado queda habilitada para plantear medidas cautelares en la pesquisa por presunto lavado de activos agravado como incautaciones, congelamiento de cuentas, nulidad en transferencias de bienes y otros; así como solicitar un monto de reparación civil contra los investigados.

Precisamente, el 22 de julio, Gestión conoció que el despacho del procurador Jorge Ramírez solicitó a la jueza Álvarez un monto preliminar de S/3.4 millones que deberán pagar los imputados de manera solidaria a favor del Estado en caso son condenados.

Fuentes de este diario en la Procuraduría indicaron que este monto de reparación civil es provisional por lo que podría aumentar con avance de las investigaciones del fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato.

Incluso, la defensa del Estado ya estaría evaluando solicitar al Poder Judicial la incorporación de Camargo Correa como tercero civil responsable en este caso.

¿Cómo nació la investigación?

El caso Juan Sarmiento Soto nace a raíz de información pública propalada por la justicia brasileña vinculada a la operación “Castillo de Arena” en 2009. La Policía Federal de Brasil intervino oficinas de directivos de la constructora Camargo y Correa, en donde se encontró documentos de presuntos hechos de corrupción en el Perú.

Una de las hipótesis de la Fiscalía es que la constructora brasileña Camargo Correa canalizó irregulares pagos a favor del exfuncionarios públicos peruanos.

Según la Fiscalía, entre ellos estuvo el fallecido exdirector de la compañía estatal Sedapal y Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Sarmiento Soto, a través de cuentas bancarias abiertas a nombre de familiares políticos que tendrían calidad de testaferros, tales como Enrique Alberto Saco Jaramillo, Walfredo Arnaldo Hernández Padrón (esposo de su hermana Rebeca Raymundo Saco Jaramillo) y Carolina Saco Jaramillo.

Para ello, se habría usado una serie de operaciones bancarias a nivel nacional e internacional que habrían podido finalizar en la adquisición de bienes inmuebles con la finalidad de convertir y ocultar activos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público sospecha que estos pagos ilícitos tendrían relación con la obra Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, que fue adjudicada al consorcio Huachipa, integrado por Camargo Correa y OTV durante el gobierno del expresidente Alan García.

Sin embargo, Camargo Correa informó que la operación “Castillo de Arena” fue resuelta como “ilegal” y esto llevó a archivar todas las acusaciones.

“(La operación realizada en el año 2009 en Brasil), fue analizada y juzgada como ilegal según resolución final emitida por la Corte Suprema de la República del Brasil, archivando de modo definitivo todas las acusaciones. (...) El material producido por la investigación es inválido”, afirma la constructora.

¿Qué imputa la Fiscalía?

De acuerdos a documentos que accedió Gestión, Enrique Saco Jaramillo es investigado por ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

Le atribuyen el haber abierto una cuenta en Ocean Bank de Miami, en la que la empresa Valdarco Investments INC, realizó un depósito por el monto de US$ 55 mil producto de presuntos actos de corrupción en la adjudicación de la buena pro de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, para realizar posteriormente actos de conversión y transferencia con fines de lavado de dinero maculado.

A Carolina Saco Jaramillo, el fiscal Carlos Puma también la investiga como autora del presunto delito de lavado de activos. La acusa de realizar transferencias desde una cuenta corriente del Ocean Bank de Miami por un total de US$ 54,540 a su cuenta del Banco Continental.

Asimismo, se detectó transferencias a su cuenta por el monto de US$ 32.750, el día 21 de octubre de 2008; US$5,050 el 22 de enero de 2009 y US$ 13 mil, el día 24 de marzo de 2009. El fiscal también halló transferencias el 18 de diciembre de 2008 transferencias que hizo a Fabrimport S.AC. por US$ 32,200. Finalmente, a lo largo de los años 2009 y 2010, según el Ministerio Público, Carolina Saco retiró dinero un total de US$ 67,890.

Otros investigados

El fiscal Carlos Puma investiga además a Walfredo Hernández Padrón, de nacionalidad venezolana, como autor del presunto delito de lavado de activos.

“Se le atribuye haber solicitado a Enrique Saco Jaramillo, que abra una cuenta bancaria en el Ocean Bank de Miami, la cual era manejada por él, con la finalidad de recibir de la empresa Valdarco Investments INC un depósito de US$ 55 mil, refiriendo que en dicha transferencia era un pago que recibió a cuenta de Juan Sarmiento Soto, en razón a una deuda que este último habría tenido con él”, se lee en el documento fiscal.

Según el magistrado, este dinero tendría vinculación con los presuntos actos de corrupción en la adjudicación de la buena pro de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa.

Sobre Rebeca Saco Jaramillo , el Ministerio Público le atribuye “haber otorgado un poder a Carolina Saco Jaramillo para que en su representación, pueda esta última comprar y vender inmuebles adquiridos a la constructora Velusa EIRL como un departamento en San Borja, que fue adquirido por la constructora conjuntamente con el estacionamiento y un depósito, por la suma de US$ 66 mil y posteriormente vendido al mismo costo”.

Agregan que “luego por su cuenta propia Rebeca Saco adquirió la empresa Diseño y Desarrollo Urbano S.A.C. un segundo inmueble ubicado en Surco por la suma de S/ 449,310”.