Las sanciones que podrían recibir Avanza País y RP por un uso indebido de los fondos públicos

Dicho dinero es entregado con la finalidad de que estas agrupaciones lo destinen en actividades específicas como la formación y capacitación de sus militantes, así como en investigación y en actividades y gastos de funcionamiento ordinario.

Sin embargo, un reportaje realizado por Punto Final reveló el presunto mal uso de este dinero por parte de dos partidos: Avanza País y Renovación Popular (RP).

El partido del tren reportó ante la ONPE haber pagado S/465,000 por cursos de capacitación a su militancia a la empresa Global Perú Comunicaciones S.A.C., localizada en un local donde se sacan fotocopias.

De acuerdo a Punto Final, los servicios fueron facturados el pasado 31 de diciembre, cuando la empresa solo tenía 15 días de funcionamiento.

Consultados por el dominical, trabajadores de la empresa y el mismo secretario general de Avanza País, Luis Reátegui, reconocieron que las capacitaciones aún no se habían concretado; no obstante, dicho partido reportó dicho servicio ante la ONPE.

Tras conocerse esta noticia, la bancada congresal de Avanza País negó que sus integrantes estén comprometidos en estos actos irregulares, por lo que exhortó a la dirigencia del partido a explicar sobre el uso de los recursos recibidos por parte del Estado.

Una situación similar se registró en Renovación Popular. Punto Final dio cuenta ante la ONPE de un pago de S/20,000 al actual teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por un servicio de “entretenimiento motivacional”.

El funcionario de la comuna metropolitana reconoció que recibió el dinero, pero que posteriormente lo devolvió a RP debido a que no concretó el servicio. No obstante, la agrupación que lidera Rafael López Aliaga reportó el servicio como ejecutado en un informe enviado al organismo electoral.

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¿Cuáles son las sanciones que recibirían estos partidos?

Gestión trató de conversar con un representante de la ONPE sobre el tema, pero el organismo electoral indicó que no declararían al respecto.

Sin embargo, días antes el subgerente de verificación y control de la ONPE, Luis Camino, informó en Canal N que en caso el financiamiento público directo sea utilizado en “gastos indebidos”, dicho dinero deberá ser devuelto por las organizaciones políticas.

“En caso de utilizarse en gastos indebidos, estos (dineros) tienen que ser repuestos por la organización política. Esos casos son observados mediante un informe técnico del auditor, haciendo conocer que los gastos que se han ejecutado no son los correctos y que no están permitidos dentro del financiamiento público directo. En consecuencia, los partidos tienen que devolver esos fondos”, anotó.

El funcionario recordó que una vez que los partidos presentan su rendición de cuentas del financiamiento público directo, se asignará un equipo de auditores a cada uno de ellos a fin de que revisen toda la documentación presentada. “Si encuentran una observación, se remitirá una carta de comunicación a la organización política”, añadió.

Tras este paso, la información financiera es publicada en el portal web de la ONPE y se programa una visita al local partidario para cotejar la información. “Una vez concluido este paso, se elabora un nuevo informe técnico con conclusiones finales. Es una información recopilada de seis meses”, aseveró.

Camino advirtió que el mal uso del financiamiento público directo es sancionado con una multa que oscila entre 31 UIT (S/153,450) hasta 100 UIT (S/495,000).

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En tanto, el experto en temas electorales, José Villalobos, consideró que actualmente la ONPE no tiene las herramientas como para identificar si hay un “servicio bamba” reportado por una organización política.

“La ley no le da mucho marco como para indagar si el servicio que acreditó un partido es veraz o no”, dijo a Gestión, tras precisar que hay un vacío en la normativa actual.

Villalobos insistió en que se debe mejorar la legislación sobre el financiamiento público directo a fin de evitar que se cuestionen los servicios que contratan los partidos.

“Tiene que ser más estricto, más riguroso el proceso de selección de estos servicios (…) para brindar un servicio de capacitación de esa naturaleza debería haber unos estándares. No cualquiera puede dar la capacitación”, acotó tras precisar que la ONPE debería remitir estos casos a la Fiscalía.

Finalmente, el experto recordó que en caso se determine que efectivamente hubo irregularidades en el uso de este dinero del Estado, tanto Avanza País como Renovación Popular podrían perder este financiamiento, lo que los perjudicaría seriamente.

¿Cuáles son las posibles consecuencias penales?

Al respecto, el abogado penalista Julio Rodríguez consideró que en el caso de Avanza País estamos ante un comportamiento defraudatorio, ya que la información brindada es falsa y, por lo tanto, se está engañando.

“Ahí podemos hablar de la posibilidad de una falsedad genérica y, eventualmente, también se podría hablar de un supuesto de fraude en la gestión de una persona jurídica”, dijo a este diario, tras precisar que este delito es penado con hasta cuatro años de cárcel.

A su juicio, la pena alcanzaría a los que han hecho la declaración falsa y a los que realizan la labor de gestión de la persona jurídica (dirigentes del partido).

“Ahí es donde está el fraude, el engaño. Si las capacitaciones no se realizaron, estamos ante un comportamiento fraudulento”, acotó.

En el caso de Renovación Popular, Rodríguez señaló que nos encontramos ante un delito de falsa declaración en un proceso administrativo, el cuál es castigado con una pena de hasta cuatro años de cárcel.

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¿Cuánto dinero han recibido hasta ahora Avanza País y RP?

Si bien Perú Libre y Fuerza Popular son las agrupaciones que reciben más dinero por concepto de financiamiento público directo, Avanza País y Renovación Popular también han sido beneficiadas con una considerable monto de dinero.

Hasta el año 2026 el partido que lidera López Aliaga recibirá S/8′432,687.22, mientras que la agrupación del tren recibirá S/7′411,307.67.

Hasta ahora, el primero partido ha recibido S/ 3′255,954.24 de parte del Estado, mientras que la segunda agrupación ha sido beneficiada con S/ 2′861,588.23

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