En menos de 48 horas, la Fiscalía de la Nación presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso de la República.
Estas acusaciones, que abarcan presuntos delitos cometidos tanto durante su actual mandato como en su gestión previa como ministra, abren un nuevo capítulo de tensión política y jurídica en el país. La situación preocupa especialmente a los gremios empresariales e inversionistas, por el impacto que esta inestabilidad podría generar en la economía peruana.
Las cinco denuncias fueron ingresadas entre el jueves y viernes de la última semana: tres de ellas están vinculadas a presuntas irregularidades cometidas como presidenta y dos corresponden a hechos anteriores a su asunción al Ejecutivo.
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Omisión de funciones por cirugías estéticas
La primera denuncia está relacionada con las cirugías estéticas a las que la mandataria se habría sometido en junio de 2023. Según la Fiscalía, Boluarte no informó oficialmente su impedimento físico para ejercer funciones del 29 de junio al 9 de julio, pese a estar convaleciente por procedimientos quirúrgicos.
Esta omisión, según el Ministerio Público, vulneraría los artículos 114 y 115 de la Constitución, los cuales establecen el procedimiento a seguir cuando el jefe de Estado está temporalmente imposibilitado. Se le acusa de omisión de funciones o abandono del cargo.
Encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón
La segunda acusación es por encubrimiento personal. La Fiscalía sostiene que Boluarte habría intervenido para facilitar la fuga del exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encontraba prófugo de la justicia por delitos de corrupción.
El hecho ocurrió durante un operativo policial en el condominio Asia del Sur, donde Cerrón habría escapado a bordo de un vehículo oficial conocido como “El Cofre”, supuestamente bajo órdenes de la jefa de Estado. Este hecho se investiga como un acto deliberado de obstaculización a la justicia.
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Muertes en protestas
La tercera denuncia constitucional se refiere a las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La Fiscalía atribuye a Dina Boluarte responsabilidad por lesiones graves y leves sufridas por al menos 75 ciudadanos durante la represión de las manifestaciones en regiones como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Ucayali y Lima.
La acusación plantea que hubo conocimiento y permisividad desde la Presidencia respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
Colusión agravada en el caso Qali Warma
Como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte también es señalada por presunta colusión agravada en el caso Qali Warma. La denuncia indica que durante su gestión habría favorecido irregularmente a un allegado –amigo de la infancia de su hermano– como proveedor del programa de alimentación escolar.
La Fiscalía señala una posible concertación indebida para asegurar la adjudicación de contratos, en perjuicio del Estado.
Enriquecimiento ilícito y omisión de declaración
La última denuncia implica a la mandataria en un presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, así como omisión de consignar bienes en documentos oficiales. De acuerdo con la investigación, Boluarte habría incrementado su patrimonio personal de forma no justificada desde julio de 2021, mediante depósitos bancarios y la adquisición de artículos de lujo como relojes Rolex y joyas.
Estos activos no fueron incluidos en sus declaraciones juradas de bienes de los años 2021, 2022 y 2023, lo que vulneraría la normativa sobre transparencia patrimonial de los funcionarios públicos.
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Implicancias políticas y económicas
La acumulación de denuncias en un periodo tan breve ha encendido las alertas sobre la gobernabilidad en el país. La calificadora Fitch Ratings ya advertía en abril sobre el “frágil equilibrio político” del Perú, señalando que el clima de inestabilidad podría frenar la inversión privada, a pesar de que el país mantiene su calificación crediticia dentro del rango de grado de inversión (BBB).
Por su parte, la Unión de Gremios del Perú –que representa a más de un centenar de cámaras empresariales– ha exigido esclarecer con prontitud estos casos para “evitar otra crisis política”.
En un reciente pronunciamiento, los gremios alertaron que hechos como los allanamientos al Palacio de Gobierno y el creciente desgaste institucional proyectan una imagen de país inestable ante los mercados internacionales.
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Las cinco denuncias constitucionales presentadas esta semana contra la presidenta Dina Boluarte seguirán el procedimiento establecido en el Congreso de la República.
Sin embargo, su avance podría verse afectado por una demanda competencial en evaluación por el Tribunal Constitucional (TC), la cual ha generado controversia al buscar limitar las investigaciones fiscales a un presidente en funciones.
Cabe señalar que, según el artículo 117 de la Constitución peruana, un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir su reunión o funcionamiento.
Este artículo ha sido interpretado de manera restrictiva en ocasiones anteriores, como en el caso del “Rolexgate”, donde el Congreso archivó una denuncia contra Boluarte argumentando que los delitos imputados no estaban contemplados en dicho artículo.
