La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará mañana una audiencia pública para evaluar la crisis que vive el Ministerio Público y su impacto en el Perú y los derechos humanos.
Según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dicho organismo internacional “recibirá información relevante sobre amenazas, presiones e influencias indebidas sobre la Fiscalía, que podrían obstaculizar su funcionamiento independiente y comprometer el respeto de los principios democráticos”.
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A través de un comunicado, se advirtió que la manipulación y las influencias indebidas sobre la Fiscalía pueden conducir a que sea utilizada para fines antidemocráticos, como generar impunidad a actores poderosos, amenazar y perseguir a periodistas, defensores y operadores de justicia independientes, o maniatar, presionar e incluso desactivar a otras instituciones del estado que ejercen funciones de control.
“Varios ejemplos en la región muestran que las fiscalías han sido utilizadas por el poder político para debilitar la democracia, actuando incluso para alterar los resultados de procesos electorales. Las fiscalías independientes son clave para proteger el estado de derecho en las democracias y garantizar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley”, se lee en el texto.
Durante la audiencia, que iniciará a las 4:00 p.m., las organizaciones civiles presentarán información sobre esta institución (Ministerio Público), así como de antecedentes que revelan influencias y presiones externas sobre ella con el fin de impedir que pueda funcionar de forma independiente.
“Además, aportarán información actualizada sobre amenazas, riesgos, presiones y afectaciones a la independencia de fiscales, muchos de los cuales tienen a su cargo casos de gran interés público, como corrupción o graves violaciones a los derechos humanos, y de la impunidad que se puede generar sobre tales casos”, añadió la ONG peruana.
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La solicitud de esta audiencia fue realizada a inicios de diciembre de 2023 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Patricia Benavides pide intervenir en la audiencia
La solicitud de estas organizaciones civiles se presentó durante la gestión de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien actualmente se encuentra suspendida en el cargo tras ser sindicada como líder de una presunta organización criminal enquistada en su institución.
Al respecto, Benavides envió un oficio a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, a fin de solicitarle que se le autorice participar en dicha audiencia al recordar que si bien se encuentra suspendida en sus funciones, aún mantiene su cargo de fiscal suprema titular.
En el documento, la suspendida fiscal informó que si bien cuenta con medidas cautelares vigentes, el pasado 6 de diciembre del año pasado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspenderla en el cargo mediante un “procedimiento reglamentario irregular y que, a la fecha, no se cumple con el plazo legal para resolver el recurso de reconsideración” que presentó.
“Se superó un mes en una situación de falta de predictibilidad e inestabilidad, afectando mi derecho fundamental de permanencia en la función pública, todo lo que se enmarca dentro del objeto de la audiencia pública programada”, sostuvo Benavides.
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