
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación en el proceso seguido contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y otros, en el caso Westfield Capital y dispuso que pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó que se imponga a Kuczynski, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos, y a Sepúlveda una pena de 35 años de prisión efectiva, así como una reparación civil que alcanza los US$ 46.7 millones.
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Al respecto, el abogado del exmandatario, Julio Midolo, criticó la solicitud de la Fiscalía y consideró que dicha medida, en caso de aprobarse, constituiría una “sentencia de muerte” contra su patrocinado, debido a su edad.
“Literalmente, es una sentencia de muerte a la que se le pretende condenar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él actualmente tiene 86 años, el próximo mes cumplirá 87. Realmente esta es una situación que nos preocupa bastante, ahora, no es algo que nos sorprenda”, indicó esta mañana a radio Exitosa.
Si bien el abogado indicó que les preocupa esta situación, dijo que no les sorprende que el caso haya pasado a juicio oral, al recordar que la etapa intermedia y de control de acusación culminó a fines de junio pasado, por lo que quedó pendiente que el juez Jorge Chávez Tamariz emita el auto de enjuiciamiento.
Además, resaltó el hecho de que la Fiscalía haya reducido la imputación contra Kuczynski, al señalar que durante la etapa intermedia el juez retiró la imputación de lavado de activos a dos personas involucradas, por lo que, según dijo, “técnicamente ya no existiría” el delito de organización criminal”.
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ACUSA INEXACTITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO
En otro momento, Midolo acusó que existió una “inexactitud” por parte del Ministerio Público al analizar los hechos que involucran a PPK, lo que generó una pena y monto de reparación civil “espectacular”. Según dijo, se estableció una investigación contra su cliente por el periodo 2001-2015.
“Se pretendía investigar todas las operaciones comerciales que el señor hubiera realizado de manera personal o a través de su empresa y que el análisis de esas operaciones, al final, iban a establecer una presunta responsabilidad y frente a eso se le imponía una pena”, cuestionó.
También criticó que la Fiscalía haya solicitado una pena contra su patrocinado por cada asesoría financiera que dio. En ese sentido, remarcó que si en el ordenamiento procesal peruano no se establecerían máximos posibles, los fiscales habrían considerado pertinente pedir 80 años de prisión contra el exmandatario, algo que calificó de absurdo.
Las indagaciones de la Fiscalía a las empresas y asesorías de Kuczynski por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht (hoy Novonor) arrancó a fines del 2017, cuando el exmandatario todavía estaba en Palacio de Gobierno. Poco después, el Poder Judicial le impuso arresto domiciliario entre el 2019 y 2022.
Hoy PPK es procesado en libertad y sin restricciones en este proceso, pero con un impedimento de salida del país a raíz de una de las otras siete investigaciones que lo involucran.
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