El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, cumplir con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos del país entre los años 2022 y 2023.
La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, emitió la orden al declarar infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas, en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, y los exministros Alberto Otárola, Jorge Chávez, Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Rojas.
“El fallo precisa que la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido; ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, señaló la entidad judicial.
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Además, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de los documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.
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La jefa de Estado y los exministros son investigados por las muertes registradas durante el desarrollo de movilizaciones sociales tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la sucesión presidencial de Boluarte.
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