Desde la ciudad de Tacna, juezas de diversas instancias de todo el país reafirmaron su rechazo absoluto a toda forma de injerencia o intento de afectación a la independencia del Poder Judicial.
Este rechazo de socavar su independencia es manifiesto ante las reformas legislativas que, según comsideran, debilitan la función judicial, las decisiones que interfieren en procesos judiciales en trámite o debido a las campañas de deslegitimación pública generalizada y de agravios injuriantes contra la judicatura.
Así lo expresaron de manera categórica tras participar en el XIV Congreso Nacional de Jueces 2025, llevado a cabo en la Ciudad Heroica, a través del documento denominado ‘Declaración de Tacna’, suscrito por los participantes al encuentro.
Los jueces y juezas, asimismo, renovaron su compromiso de ejercer la función judicial con firmeza, independencia, probidad y transparencia, utilizando todas las herramientas legales para juzgar de manera oportuna y firme a la delincuencia y criminalidad organizada.
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Además, se comprometieron con la implementación de estrategias multisectoriales para luchar contra la criminalidad organizada, además de la aplicación de medidas urgentes a corto plazo, que impliquen la adopción de acuerdos plenarios, ampliación de competencias.
También con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y procesales de los magistrados y magistradas de las unidades de flagrancia, así como a través de la difusión de condenas y penas que se impongan a quienes cometen delitos.
REFORMA JUDICIAL
De igual modo, en la declaración exigieron el respeto del papel protagónico del Poder Judicial en todo proceso de reforma judicial, el mismo que debe merecer un amplio debate nacional ajeno a cualquier tipo de interés indebido, preservando la autonomía de este poder del Estado.
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Por otro lado, demandaron que -en respeto a la autonomía financiera y presupuestal del Poder Judicial- el presupuesto solicitado para el ejercicio 2026 sea aprobado sin modificaciones ni condicionamientos, por ser indispensable para el debido cumplimiento de su misión.
En el pronunciamiento, también acordaron priorizar la transformación digital y la interoperabilidad del Poder Judicial como ejes estratégicos para garantizar una justicia moderna, célere, eficiente y accesible al ciudadano.
También destacaron la aprobación de dos iniciativas legislativas para incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728, así como para autorizar una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo, lo cual requiere de manera urgente la asignación presupuestaria correspondiente.
