Tras conocerse que el Congreso aprobó otorgar una pensión vitalicia mensual de S/15,600 al expresidente Alberto Fujimori, la Procuraduría Anticorrupción inició acciones para retener parte del dinero que recibirá el exmandatario, quien recientemente fue anunciado como candidato presidencial de Fuerza Popular.
Según informó el diario El Comercio, la defensa del Estado solo podría embargar un porcentaje del 100% de la pensión, que equivaldría aproximadamente a S/4,500.
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Tras los descuentos de ley, el exmandatario recibiría del Congreso al mes S/10,000 en promedio, por lo que en caso la Procuraduría pueda retener el porcentaje antes mencionado tendría para su libre disposición un monto equivalente a S/5,500.
Al respecto, la primera vicepresidenta del Parlamento y legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró a favor de las acciones que interpondrá la Procuraduría para retener parte de la pensión de Fujimori; sin embargo, vio difícil que finalmente la retención del dinero pueda efectuarse.
“Imagino que la Procuraduría tiene sus procedimientos. Está bien que inicie las acciones que correspondan y se determinará si es que por la naturaleza de la pensión (de Fujimori) permite que sea descontada una parte para la reparación civil. Yo entendería que son dos cosas diferentes, pero bueno, eso lo dejamos a las instancias que correspondan, a los que tienen que resolver”, señaló a la prensa.
La legisladora añadió que la decisión de otorgarle una pensión a Fujimori responde “a un trámite estrictamente administrativo del Congreso”, luego que el área de asesoría legal y de presupuesto del Parlamento emitieron un informe a favor del pedido.
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“El marco legal es confuso”
Al ser consultada por los proyectos de ley presentados para anular la entrega de una pensión a los expresidentes, Juárez se mostró a favor de que sean revisadas en la comisión de Constitución.
A su juicio, “el margen legal es confuso”, por lo que consideró que el Congreso debería avocarse a hacer cambios a la ley para no dar lugar a interpretaciones.
“Si hay algo que genera en muchos casos incertidumbre y opiniones contrarias es porque no existe una normativa aplicable, que sea clara y que no admita dudas. Entonces, creo que el Congreso sí debe avocarse a revisar esto y debe dar el marco legal exacto para que no hayan interpretaciones”, apuntó.
La legisladora de Fuerza Popular añadió que los pedidos que realizan los presidentes para recibir una pensión no deberían ser dirigidos al Legislativo, sino más bien al Ejecutivo.
“Debe haber una regulación clara al respecto. Debe otorgarse (la pensión) de parte del Ejecutivo, que es a quien le debería corresponder por tratarse de expresidentes”, sostuvo.
Finalmente, consideró que en el caso del expresidente Pedro Castillo no le correspondería en este momento recibir una pensión al recordar que la ley establece que no es posible otorgar ese beneficio a un exmandatario que tenga pendiente una acusación constitucional.
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