El Poder Judicial de Perú ratificó la prisión preventiva contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, quien es acusado de colusión y participación en una organización criminal. Esta medida responde a la solicitud de Silva Villegas de cambiar su situación de prisión preventiva a comparecencia simple, la cual fue rechazada en primera instancia y ahora es confirmada por la Corte Suprema.
Juan Silva Villegas es acusado de haber sido una figura clave en una red criminal que, presuntamente, operaba bajo la dirección del expresidente Pedro Castillo. Según los informes de la investigación, el exministro habría utilizado su posición para nombrar a funcionarios que favorecieran los intereses de la organización criminal, facilitando la adjudicación de contratos públicos de manera irregular y en perjuicio del Estado.
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En su defensa, Juan Silva Villegas presentó varios documentos que, según él, demostraban su inocencia y la ausencia de perjuicio económico al Estado.
Entre estos documentos se encuentran oficios y resoluciones que detallan acciones tomadas por él para denunciar irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y anular contrato viciados, como el de la licitación pública del Puente Tarata.
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Decisión de la Corte Suprema sobre Juan Silva Villegas
Sin embargo, la Corte Suprema evaluó que estos documentos presentados por Juan Silva Villegas no alteraban la validez de los elementos de convicción que justificaron la medida de prisión preventiva. Los jueces argumentaron que los elementos presentados no ofrecían información nueva o relevante que contrarrestara las pruebas originales.
Frente a ello, la ratificación de la prisión preventiva se basó en dos consideraciones:
Primero, se mencionó que Silva Villegas no logró desvirtuar la fuerte sospecha de su participación en actividades ilícitas, ni presentó pruebas convincentes de que el Estado no sufrió perjuicio económico debido a sus acciones. Además, se consideró que el exministro no cumplió con los requisitos legales para la cesación de la prisión preventiva, al no ofrecer nuevos elementos de convicción significativos.
Segundo, la Corte también enfatizó que la situación de Juan Silva Villegas, quien se encuentra prófugo de la justicia, complica aún más su posición. La falta de cooperación con las autoridades y la ausencia de motivos justificables para su huida contribuyeron a la decisión de mantener la medida coercitiva.
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