El abogado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Stefano Miranda, afirmó que las diligencias realizadas por el Ministerio Público en la vivienda de su representado se llevaron a cabo fuera del plazo establecido. Según Miranda, la orden judicial fue emitida el pasado 3 de marzo y no el 19 de marzo, fecha en la que se ejecutaron las acciones.
“(El allanamiento) Está fuera de plazo. El juez ha emitido el 3 de marzo de 2025 un allanamiento y estamos 19. Pero a pesar de eso, el ministro y la defensa que dejado que se haga el allanamiento, este nuevo daño psicológico para los hijos del ministro y su esposa”, dijo a las afueras de la vivienda de Santiváñez.
“El bullying que están sufriendo sus hijos producto de estos allanamientos ilegales que no tienen ninguna finalidad de obtener actos ilícitos. Una Fiscalía hace allanamientos a un ministro mientras que en diferentes lugares están matando”, añadió el abogado Miranda.
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Miranda también informó que durante las diligencias se inspeccionaron todos los ambientes de la vivienda, incluidos los cuartos de los niños y las áreas destinadas a las trabajadoras del hogar. Asimismo, precisó que el único objeto incautado fue el teléfono celular de la esposa del ministro.
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También aclaró que el dinero recibido por el ministro Santiváñez en 2020 corresponde a sus honorarios profesionales y no a un presunto delito de tráfico de influencias, como afirma el Ministerio Público.
“Tiene que haber elementos que se corroboren. Todo lo que un colaborador eficaz diga tiene que existir elementos objetivos, que se corrobore lo que él diga. Una cosa es pago por honorarios y otra una coima o dádiva que se haga justamente para favorecer un caso”, precisó.
Finalmente, anunció que se emprenderán acciones legales tras las diligencias, al considerar que podría haberse incurrido en el delito de abuso de autoridad.
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¿Qué pasó en la vivienda del ministro del Interior?
Cabe recordar que, durante la mañana del miércoles, el Ministerio Público llevó a cabo diligencias en la vivienda del ministro del Interior, ubicada en La Molina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
