El último martes, los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobaron, por unanimidad, la construcción del nuevo centro penitenciario en la isla ‘El Frontón’. Este penal reemplazará al cerrado hace 39 años en dicha isla, ubicada a siete kilómetros del distrito de La Punta, en el Callao.
Al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que dicha infraestructura estaría lista aproximadamente entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno se encuentre habilitado.
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En diálogo con TV Perú, adelantó que para la construcción de este penal se utilizarán modulares prefabricados, tal como se usó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador. Además, dijo que su costo será de aproximadamente S/ 500 millones y albergará a 2,000 internos.
“Estamos hablando que, bajo los nuevos estándares de construcción, se usarán los modulares prefabricados, los mismos que fueron utilizados para la construcción de la cárcel de El Salvador, estaríamos hablando de un promedio de entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno esté habilitado”, indicó la noche del último martes.
Añadió que hoy día se va a firmar el convenio interinstitucional entre su cartera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa para empezar con los trabajos de implementación del futuro reclusorio.
Sobre los trabajos de remoción, explicó que el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), se encargarán de limpiar el terreno y demoler las antiguas construcciones del antiguo penal, así como de otros establecimientos penitenciarios “para darle mayor viabilidad a los proyectos y que puedan ser estos empezados con prontitud”.
Gobierno suscribe convenio para la construcción de penal en El Frontón
Durante la ceremonia de suscripción del convenio para la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, la presidenta Dina Boluarte afirmó que reducir el hacinamiento “es una prioridad” y confirmó que el nuevo establecimiento albergará a 2 mil internos bajo un régimen especial y cerrado, bajo estrictas condiciones de vigilancia y un control riguroso de visitas.
La jefa de Estado también cuestionó las críticas a este proyecto. “Es fácil criticar, salir en distintos medios de comunicación y decir: no se puede. Y qué hicieron cuando eran autoridades, qué solución dieron al problema cuando eran ministros. Ahora todos son generales después de la batalla”, expresó.
Boluarte explicó que uno de los objetivos centrales de este convenio es que el Ejército del Perú a través de su cuerpo de ingenieros, ejecute el movimiento de tierras en la isla El Frontón para iniciar la construcción del nuevo establecimiento penitenciario. Precisó que el proyecto contempla una inversión estimada de 500 millones de soles en un área de más de 57 mil metros cuadrados, con los más altos estándares de seguridad.
En esa línea, la mandataria remarcó que su gestión viene ampliando la construcción de centros penitenciarios en diversas regiones. “Pensar en derechos humanos también es pensar en cómo están hacinados los que están privados de su libertad. Por eso debemos seguir trabajando en el crecimiento de más penales”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señaló que el penal contará con infraestructura de última generación, sistema de bloqueos de comunicaciones, vigilancia electrónica integral, áreas diseñadas para aislar totalmente a internos de alta peligrosidad. “Estamos hablando de un penal blindado frente a mafias, sicariato, extorsión, narcotráfico y terrorismo”, indicó.
Manifestó que este esfuerzo “no es una acción aislada”, sino que forma parte de una estrategia mayor de modernización penitenciaria que incluye también la construcción y continuación de los penales que implican el fortalecimiento del INPE y para los cuales el gobierno ha previsto el presupuesto necesario.
La mandataria Dina Boluarte lideró la ceremonia de suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Defensa. Foto: Presidencia.
En su intervención, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, remarcó que el Gobierno tomó la decisión de implementar con capacidades necesarias a 22 batallones de ingeniería que están distribuidos a lo largo del territorio nacional. Precisó que estos batallones cumplen diversas tareas vinculadas a la gestión de riesgos, infraestructura vial y apoyo a gobiernos regionales y locales, y que en esta oportunidad se suma para agilizar el proceso de construcción.
“La participación principal del batallón de ingeniería que está destinado a este proyecto será en la parte inicial, vale decir en el movimiento de tierras y nivelación del terreno”, remarcó. El titular del Mindef agregó que la Marina de Guerra también participará para transportar a los funcionarios y trabajadores a la isla.
A su turno, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, adelantó que el nuevo penal contará con tres zonas claramente definidas: una zona administrativa y de seguridad, una destinada a los internos de alta peligrosidad y otra de servicios complementarios. En esta última, dijo, se implementará una planta desalinizadora de agua de mar, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta de tratamiento de residuos sólidos y un proyecto de abastecimiento de energía eléctrica.
Subrayó que el proyecto incorpora una visión sostenible con paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía que asegurará una autosuficiencia energética del penal.
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CUESTIONA DENUNCIA CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Santiváñez por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
De acuerdo con el documento, el policía en retiro, Luis Pineda Rodríguez, habría sido contratado en el Ministerio del Interior luego de haber sostenido reuniones tanto con Santiváñez como con su entonces directora de comunicaciones y actual jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Adriana Rodríguez Jadrosich, a mediados del 2024.
Al ser consultado por esta denuncia, el titular del Minjus la calificó de “poco fundamentada”, al sostener que Espinoza no cuenta con evidencias y aún así sospecha de la comisión de un delito.
“Tengo que lamentar la pobreza jurídica y, en este caso, la poca fundamentación de la referida denuncia porque, en los considerandos, se puede advertir que la propia fiscal de la Nación sostiene que, si bien no ha encontrado evidencia del caso ni pruebas que vinculen a este servidor, a ella la hacen suponer la comisión de un delito”, cuestionó.
“Es absolutamente grave porque afecta el Estado de derecho, al sistema democrático este tipo de interpretaciones son las que día a día van motivando aún más que la población vea que estamos frente a un Ministerio Público liderado por una persona que quizá no tenga esa capacidad intelectual necesaria para asumir los grandes retos de lucha contra el crimen”, añadió el titular del Minjus.
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