En medio de la crisis institucional que vive el Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó esta mañana la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides, quien fue restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en sus funciones como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Segismundo León, tras acoger el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el marco de una investigación por su presunta interferencia y obstrucción en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
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Esto implica que dicha fiscal suprema no podrá retornar al cargo mientras dure la medida, independientemente de otros procesos administrativos o resoluciones de la JNJ.
Al respecto, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, respaldó dicha decisión judicial al señalar que “fortalece la institucionalidad del Ministerio Público”.
“Saludamos que se haya respetado el estado de derecho, la institucionalidad, creemos que es una decisión judicial que se tiene que respetar y entendemos que será de cumplimiento para todas las personas involucradas”, dijo esta mañana a la prensa.
Añadió que este respaldo se alinea con la función que tienen los fiscales como primera línea de defensa jurídica del país. Por ello, consideró que esta decisión permitirá continuar con las investigaciones de manera independiente y sin presiones externas que obstaculicen el trabajo fiscal.
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INSISTE EN PEDIDO PARA SUSPENDER AL JEFE DE LA ANC
En otro momento, Pérez pidió que se tomen acciones inmediatas contra otros funcionarios del Ministerio Público presuntamente implicados en una organización criminal al interior de la institución, tal como se informó durante la audiencia judicial en la que se evaluó la suspensión de Benavides.
Según dijo, corresponde a Espinoza adoptar medidas urgentes para garantizar la autonomía de su institución.
Entre sus pedidos, insistió en la necesidad de suspender al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, a quien responsabilizó de ejercer presiones indebidas contra los fiscales encargados de las investigaciones más sensibles del país.
Finalmente, mostró su preocupación por el respaldo político que, según advirtió, ha recibido Benavides desde el Gobierno, Congreso y otras entidades como la Defensoría del Pueblo. A su juicio, esta situación refleja un intento de politizar el ejercicio de la función fiscal, algo que considera inaceptable.
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