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Esto, luego de que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, acogió la medida cautelar presentada por la JNJ y resolvió suspender provisionalmente el proceso de investigación que realiza el Congreso en su contra.
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“La JNJ es respetuosa del mandato judicial y de esta medida cautelar. La junta, cuando revisa la resolución y dice que se ha suspendido el proceso parlamentario, evidentemente tiene que acatar esta orden judicial (...) en acatamiento de la decisión del Poder Judicial, la junta no puede disponer algo distinto. Eso implica que no asistirán al procedimiento parlamentario”, señaló a RPP.
Al respecto, el legislador de Renovación Popular (RP), José Cueto, señaló que en el Parlamento acatarán la decisión adoptada por la Junta de Portavoces. Dicho órgano del Congreso acordó ayer seguir adelante con el proceso en contra de la JNJ y hacer caso omiso a la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
“Nosotros vamos a acatar lo que dice la Junta de Portavoces. Si (los miembros de la JNJ) no quieren venir, que no vengan, es su problema”, señaló a radio Exitosa.
Cueto añadió que es el Poder Judicial el que se pone en conflicto con el Congreso por interferir en sus funciones y no respetar nuestras decisiones.
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Por su parte, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, rechazó la postura emitida por esta sala constitucional al “pretender interferir en los procedimientos parlamentarios amparados por nuestra Carta Magna”.
“Aquí nadie es intocable, el Congreso debe hacer respetar el fuero parlamentario y continuar con su agenda ya establecida. El proceso contra la JNJ no debe postergarse ni detenerse, ¡el país exige justicia!”, enfatizó.
¿De qué se acusa a los miembros de la JNJ?
La comisión de Justicia encontró una falta grave en la actuación de Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello en tres casos en concreto, por lo que recomendó sus remociones por “causa grave”.
Estos son: por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a que había superado los 75 años de edad, por no haber cumplido con presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso y por haber emitido un comunicado en el que piden reflexión al Parlamento frente al proceso de acusación constitucional que afrontaba la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Esto, a pesar de que en el preinforme, elaborado por los asesores y técnicos del grupo de trabajo, en sus conclusiones no encontró causa grave en la actuación de estos magistrados en ninguno de los casos; sin embargo, a pedido de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otras bancadas, el documento fue modificado.
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