El 25 de febrero un grupo de fiscales, en conjunto con la Policía, realizó una diligencia con fines de incautación en los bienes de Joaquín Ramírez, además de otras personas naturales y jurídicas. Frente a ello, el alcalde de Cajamarca consideró a este proceso como una “cacería política”.
“De hecho que hay una cacería política”, dijo a los medios de comunicación.
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Asimismo, cuestionó al juez que autorizó el allanamiento, considerando que ya tiene “varias quejas” y que el Tribunal Constitucional lo ha “corregido” en más de una ocasión. Se refiere al juez Víctor Zúñiga Urday.
“He hablado con mi abogado y me comunica que es una resolución de un conocido juez Zúñiga que tiene bastantes quejas, el Tribunal Constitucional le ha corregido varias resoluciones. El juez Zúñiga no es de garantía para nadie, así que seguramente en un par de semanas todo esto se revertirá”, sostuvo Ramírez.
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El allanamiento con fines de incautación a los bienes inmuebles de Joaquín Ramírez se realizó en el marco de la investigación en su contra por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada al fraude y lavado de activos.
Según la Fiscalía, su fallecido tío y rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez, habría desviado millonarias sumas de dinero hacia empresas fantasma que tenían como titulares a sus familiares. Asimismo, a Ramírez se le imputa haber destinado montos ilícitos para la campaña política de Fuerza Popular.
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