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A ambas personas se les indaga por haber realizado acciones para la selección y nombramiento de Benavides, como fiscal suprema, y de Antonio Fernández Jerí, como jefe de la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público, “desplegando sus influencias para tal fin” ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Estas designaciones se dieron el 14 de junio (Benavides) y el 2 de setiembre (Fernández) del 2022.
Al respecto, la JNJ aseguró en un comunicado que los procesos de selección en los cuales fueron elegidos Benavides y Fernández Jerí fueron transparentes y sin interferencias de ninguna índole.
En cuanto al proceso de selección y nombramiento de Benavides, el organismo precisó que todo el procedimiento tuvo cuatro etapas. La primera fue un examen de conocimientos consistentes en la elaboración de un ensayo, la segunda fue una evaluación curricular, la tercera fue un estudio de caso, consistente en resolver algún supuesto de carácter jurídico y, por último, fue la entrevista personal, a cargo de los miembros del pleno de la JNJ.
“La calificaciones de cada miembro, en esta etapa, se encriptan inmediatamente después de cada entrevista y solo son de conocimiento del Pleno cuando son abiertas al término de esta fase”, se lee en el texto.
En lo que respecta al nombramiento de Fernández Jerí, la JNJ señaló que las etapas fueron: evaluación curricular, estudio de caso, sustentación de plan de trabajo y entrevista personal, con características semejantes a las descritas en el párrafo precedente.
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“Los contenidos de las evaluaciones, criterios aplicados, calificaciones y fundamentaciones son públicos en todas las fases de los concursos a cargo de esta entidad. La JNJ ha difundido siempre la información relativa a los mismos, a la vez que ha puesto a disposición de la prensa y de cualquier solicitante, todos los requerimientos que se le han formulado por acceso a la información pública”, se lee en el comunicado.
Finalmente, el organismo indicó que tiene tiene el mayor interés en que se esclarezcan los señalamientos sobre interferencias en los concursos indicados, al mismo tiempo que respalda toda investigación que se haga al respecto, ofreciendo los medios a su disposición para este propósito
¿De qué se les acusa a Garrido Lecca y a Hauyón?
De acuerdo a la tesis fiscal, Garrido Lecca tenía interés por buscar ser favorecido en una investigación que se viene ventilando en su contra por el Equipo Especial Lava Jato, y que, en coordinación con Hauyón y Benavides, “habrían gestionado ilícitamente” con el jefe de la ANC para que, mediante un procedimiento administrativo sancionador, suspendan al fiscal Rafael Vela y, posteriormente, se le destituya del cargo de coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos.
El exministro es investigado por el presunto aporte de US$200,000 de Odebrecht (hoy Novonor) para la campaña presidencial de Alan García del año 2006.
En el caso de Hauyón, se le indaga por su interés en ser favorecido en investigaciones del subsistema de lavado de activos, entre ellos, el caso Sodalicio. Además, buscaba que Vela fuera suspendido de los cargos que tenía.
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