Con la reanudación de los procesos de ratificación, la JNJ evaluará la conducta, idoneidad y la capacidad de dirección y gestión de 29 magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. (Foto: Andina)
Con la reanudación de los procesos de ratificación, la JNJ evaluará la conducta, idoneidad y la capacidad de dirección y gestión de 29 magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. (Foto: Andina)

El Pleno de la aprobó el reinicio el proceso de evaluación integral y ratificación a jueces y fiscales titulares, suspendidos tras los hechos de corrupción que llevaron a la desactivación del .

Con la reanudación de los procesos de ratificación, la JNJ evaluará la conducta, idoneidad y la capacidad de dirección y gestión de 29 magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.

Estos magistrados deberán presentar un escrito virtual indicando que se encuentran comprendidos en la convocatoria, junto con la información necesaria para ser evaluados. El plazo para la presentación de la documentación vence el 31 de mayo, informó la Agencia Andina.

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Con esa información, la JNJ evaluará, formulará y aprobará los informes individuales complementarios, que contendrán la calificación de todo el periodo de evaluación para posteriormente ser elevados al Pleno, que deberá emitir una decisión final sobre la ratificación.

Son 29 jueces y fiscales de las regiones de Madre de Dios, Lima, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, Piura y San Martín lo que deben pasar por la ratificación.

Los criterios para la ratificación se centran en la conducta e idoneidad de los magistrados, evaluando también la eficacia y la eficiencia en el desempeño y gestión de sus despachos.

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La función constitucional de evaluación integral y ratificación tiene como objetivo fortalecer y mejorar el sistema de administración de justicia promoviendo un servicio de justicia independiente, imparcial, idóneo, confiable, eficiente, transparente y libre de corrupción; asegurando el mantenimiento de las capacidades y cualidades personales y profesionales que garanticen el correcto ejercicio de las funciones fiscales y judiciales.

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