Las revelaciones de un colaborador eficaz, quien advirtió una presunta vinculación entre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, no pasaron desapercibidas en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El procurador de esta institución, Marlo Tello, envió un oficio al Procurador General del Estado interino, Javier Pacheco, a fin de que evalúe iniciar acciones legales en contra del titular del TC a raíz de esta noticia.
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En el documento se advierte que Morales Saravia habría incurrido en actos que pondrían de manifiesto su falta de imparcialidad para resolver la demanda competencial que presentó Benavides a efectos de anular las investigaciones disciplinarias en su contra llevadas a cabo por la JNJ.
“Según los extractos de la resolución judicial expuesta en medios de comunicación, donde se incluye el testimonio de un colaborador eficaz, se indica que el exfiscal adjunto supremo Marco Huamán habría contactado y pactado con el presidente del TC a efectos de favorecer a la exfiscal de la Nación en la demanda competencial planteada contra la JNJ”, se lee en el texto.
Además, se precisa que por la calidad y condición de los altos cargos que ostentan los magistrados del TC, la Procuraduría de la JNJ no tiene competencia funcional para iniciar acciones legales, por lo que corresponde eventualmente a las funciones de la propia PGE iniciar estas acciones legales.
Cabe recordar que el TC resolvió, por mayoría, declarar infundada la demanda competencial que presentó Benavides contra la JNJ. En dicho recurso se cuestionaba la intervención del organismo que nombra y sanciona jueces y fiscales en materia de actos administrativos internos del Ministerio Público.
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¿De qué se le cuestiona la presidente del TC?
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz, para evitar que sea suspendida en el cargo luego que la JNJ le abriera una indagación por haber separado de su cargo a la fiscal suprema Betzabé Revilla, Benavides junto a su exasesores Miguel Girao y Jaime Villanueva planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el TC porque “tenían que aprovechar que el Morales es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y, por intermedio de este, les harían el favor de declarar fundada la demanda”.
Es así que en los primeros días de agosto del 2023, Girao y otros abogados elaboraron la demanda competencial para presentarla ante el TC.
“Todo eso era dirigido por Benavides, quien había enviado al fiscal Huamán a reunirse con Morales en la sede del TC para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial. En esa reunión, el presidente del TC le dijo al fiscal que que tenían que presentar la demanda antes del 20 de agosto del 2023 porque se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.
Además, según refiere el colaborador eficaz, Morales “se comprometió a ayudar a Benavides y que declararían fundada la demanda”. Para asegurar su ayuda, el magistrado se habría comprometido a designarse como ponente de la causa.
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