Inés Tello, exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que acudirá a la vía constitucional, penal y administrativa, en el ámbito nacional, para denunciar lo que calificó como un “atropello” a su derechos, tras la inhabilitación que dispuso en su contra el Pleno el Congreso de la República.
Tello recordó que su caso fue expuesto, en su momento, ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En la vía nacional, también yo voy a accionar. Voy a accionar incluso en la vía penal, porque aquí hay situaciones que tienen que esclarecerse. No es correcto que se avalen o se tomen decisiones con interpretaciones que no son las que se ajustan a la Constitución. Yo voy a usar todas las vías, no es la primera vez que tengo que luchar”, refirió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Tello de Ñecco enfatizó que está esperando la respuesta formal al oficio que envió a la Presidencia del Congreso, en el que pide que se declare inexistente el acuerdo al que llegó el Pleno, pues en la votación del pasado 7 de marzo del 2024 participó un integrante de la Comisión Permanente, pese a estar impedido por la Constitución y el texto del reglamento.
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“Mi perspectiva en lo nacional la estoy estudiando con mis abogados. Después de la votación (del Congreso) uno queda afectada emocionalmente. Estas decisiones hay que pensarlas, hay razonar bien, y eso lo estoy haciendo, pero de hacerlo, lo voy a hacer. Voy a recurrir (a todas las vías)”, añadió.
ONU y CIDH conocen su caso
Del mismo modo, Inés Tello precisó que, en el ámbito internacional, su caso fue puesto en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), organismo que de hecho se pronunció el 5 de marzo reiterando sus serias preocupaciones en torno a las acciones que ponen en riesgo y afectan la independencia de la JNJ.
“En el ámbito internacional, yo ya había el año pasado puesto en conocimiento del comisionado de las Naciones Unidas para defensa de los derechos humanos que estaba siendo objeto de discriminación. Yo tengo que seguir ese proceso, no solo por mí, sino porque no se puede atropellar a las personas”, expuso.
“No se puede tratar a un ser humano así. La Constitución dice que la dignidad de la persona es el fin de la persona. ¿Dónde está mi dignidad? ¿Yo no soy digna? ¿Yo no soy ser humano? ¿Yo no soy persona?”, argumentó.
Informó que también expuso su situación ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que se cumpla con los tratados internacionales.
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“También puse en conocimiento (de la CIDH). Acá, cuando hubo una visita de la CIDH, yo expuse mi caso. Es un caso de principios. El Perú ha suscrito la Convención Americana, ha suscrito todos los tratados internacionales y no es el trato que merece una persona el que se me acaba de dar de discriminarme por edad”, explicó.
El 5 de marzo, la CIDH informó, a través de sus redes sociales, que monitorea el avance de la discusión en el Congreso sobre el informe final de una denuncia constitucional, para remover e inhabilitar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
¿Qué pasó ?
El Congreso de la República del Perú aprobó el jueves pasado el informe final que recomienda acusar e inhabilitar en el ejercicio de la función pública, por el plazo de 10 años, a los magistrados de dicha institución Inés Tello y Aldo Vásquez.
En tanto, Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, José Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala se salvaron de la destitución e inhabilitación.
Cabe indicar que en el caso de José Ávila, renunció a su cargo a finales de febrero tras conocerse sus vinculaciones con Jaime Villanueva.
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