El 28 de octubre de 2024, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue designado como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a tener una sentencia condenatoria por el delito de prevaricato, un hecho que no fue revelado durante el proceso de selección, reveló Punto Final.
La designación fue realizada por una comisión especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e integrada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco.
RAFAEL RUIZ HIDALGO Y SU SENTENCIA POR PREVARICATO
La sentencia contra Ruiz Hidalgo data del 7 de diciembre de 2010, cuando la Sexta Sala Especializada en lo Penal de Lima lo condenó a tres años de prisión suspendida por emitir una resolución contraria a la ley mientras se desempeñaba como juez suplente del Décimo Tercer Juzgado Laboral de Lima en 2004. El fallo también inhabilitaba a Ruiz para ejercer cargos públicos durante un año, un dato crucial que fue omitido en su declaración jurada, detalló el reportaje.
Durante el proceso de selección, Ruiz presentó un certificado de antecedentes penales limpio, lo que generó que la comisión especial desconociera su historial judicial. Tanto Josué Gutiérrez como el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirmaron no tener conocimiento de esta sentencia al momento de la elección de Ruiz como integrante de la JNJ.
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JNJ: CONDENADOS ESTÁN IMPEDIDOS DE SER MIEMBROS
En 2019, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia estableció que los condenados por delitos dolosos, como el prevaricato, están impedidos de ser elegidos miembros de la institución, incluso si ya cumplieron su condena. Esta normativa fue ignorada en el caso de Ruiz Hidalgo, lo que pone en entredicho la legalidad de su designación.
Según documentos obtenidos, el expediente judicial de Ruiz fue archivado por la Corte Suprema el 29 de octubre de 2024, un día después de su nombramiento en la Junta Nacional de Justicia. Esta coincidencia temporal ha generado suspicacias sobre una posible manipulación del proceso para evitar que su sentencia saliera a la luz.
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Expertos legales, como Percy Castillo y Cecilia Ruiz, han señalado que la omisión de información en el proceso de selección podría constituir una falsa declaración en proceso administrativo, un delito que debería ser investigado por las autoridades competentes. Además, advierten que tanto el designado como quienes participaron en su nombramiento podrían tener responsabilidades.
A pesar de las múltiples solicitudes de información, la JNJ decidió no emitir un pronunciamiento oficial sobre la situación de Ruiz Hidalgo. Por su parte, el abogado tampoco ha respondido a los intentos de comunicación realizados por este medio.
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