Durante lo últimos días cientos de ciudadanos expresaron su preocupación al enterarse de su afiliación a un partido político en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (ROP-JNE) sin su consentimiento.
Ante la situación la congresista Susel Paredes y la Defensoría del Pueblo solicitaron al presidente del JNE, Roberto Burneo, informar cómo evitará que sigan reportándose estas afiliaciones. Además, invocaron eliminar el cobro por solicitar la desafiliación a una organización.
Poco después, los titulares del JNE, Roberto Burneo, y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, anunciaron que se eliminará el pago de S/ 46.20, con el fin de no trasladar a los ciudadanos el costo del proceso de desafiliación. “Estas solicitudes están siendo atendidas con celeridad”, expresaron.
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“Se viene denunciando ante el Ministerio Público a las organizaciones políticas que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos”, indicaron.
Explicaron que el sustento de estas denuncias fueron los 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238,335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas.
Entre junio y setiembre de 2024, el JNE y el Reniec trabajaron de manera conjunta con la Comisión de Constitución del Congreso de la República el proyecto de Ley 8189, aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso. Esta propuesta permitirá el uso de la plataforma ID Perú y el DNI electrónico, con el fin de que el proceso de afiliación partidaria se realice de manera segura y confiable con el reconocimiento del rostro de cada ciudadano, agregaron.
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“Las instituciones que conformamos el sistema electoral seguiremos trabajando de manera conjunta para garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos y la transparencia de los procesos electorales”, refirieron.
Finalmente, invocaron a las organizaciones políticas a optimizar sus procesos de afiliación para cautelar la real voluntad de los ciudadanos.
