Tras la promulgación de la ley que permite juzgar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene adecuando los penales para recibir a los jóvenes que cometan delitos graves.
Así lo anunció el jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia, Tiberio Martínez, tras recordar que actualmente hay 1,050 adolescentes internados en los centros juveniles por delitos graves.
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De esa cifra, 727 están recluidos por robo agravado, 87 por homicidio calificado, 7 por sicariato, 14 por trata de personas y 69 por violación sexual.
“Ya no van a ser tratados como adolescentes, sino como adultos (...) se les va a aplicar la regla de los adultos, van a ser procesados por un juez penal común, van a ser llevados a un establecimiento penitenciario. Pero todos los demás, ya sea los menores de 16 años y otros adolescentes que no cometan estos delitos, van a seguir siendo tratados por el sistema de adolescentes”, indicó esta mañana a RPP.
El funcionario añadió que se habilitarán espacios diferenciados en los 74 centros penitenciarios del país, a fin de evitar que incrementen su peligrosidad por el contacto con los reclusos adultos.
“La norma también señala un trato diferenciado. El INPE está adecuando los establecimientos penitenciarios. Habrán pabellones o espacios diferenciados. No van a ser internados junto con los demás internos adultos que han cometido estos mismos delitos, pero están en los penales”, sostuvo.
Al ser consultado por el penal de Ancón 1, a donde fueron trasladados 29 adolescentes de alta peligrosidad tras la fuga registrada en “Maranguita” a inicios de mes, dijo que están adecuando un espacio en dicho recinto para recibir a los nuevos reclusos.
En ese sentido, explicó que si a un adolescente del rango de 16 y 17 años se le impone prisión preventiva o es hallado responsable de algún delito grave, será trasladado directamente a un espacio reservado de dicho penal y ya no a un centro juvenil, tal como se hace en la actualidad.
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DESCARTA VULNERACIÓN A CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
En la víspera, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú (UNODC) pidió a las autoridades peruanas que reflexionen y consideren la derogación de la ley en mención, tras señalar que los adolescentes se alejarían de la rehabilitación social al cumplir penas junto con adultos.
Para Martínez, la norma no vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Naciones Unidas, al señalar que antes los adolescentes no tenían tanta injerencia en los delitos graves, por lo que le corresponde al Estado adecuar sus normativas a “estas nuevas realidades”.
“El Ministerio de Justicia considera que estas excepciones están justificadas por la realidad, por lo que está sucediendo, por el nivel de inseguridad que está pasando en el país”, apuntó.
Finalmente, anunció que el Minjus alista una proyecto de ley para que periódicamente se revise cada 5 o 10 años el avance del recluso, a fin de diagnosticar y comprobar si está funcionando el tratamiento de resocialización.
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