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Las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas a escala nacional celebradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, concluye un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.
El informe subraya que en las protestas, iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida la fuerza letal.
Según la oficina de Naciones Unidas, durante las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 murieron al menos 50 personas y 821 resultaron heridas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, documentándose también que 208 miembros de esas fuerzas sufrieron heridas.
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Se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones, aunque al menos 221 se han archivado por falta de pruebas, incluyendo 192 que fueron detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.
“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Türk al conocerse el informe.
La oficina que dirige recordó que el Gobierno peruano ha proporcionado apoyo económico a las víctimas y a sus familias -unas 266 personas hasta la fecha- identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La institución recordó que una nueva ola de protestas se produjo en el país suramericano entre el 19 y el 31 de julio, y en ella resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía.
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