Informe concluye que al menos 39 personas murieron por herida de bala en las protestas en Perú

Si bien el Ministerio Público realiza una investigación respecto a las muertes ocurridas en las protestas realizadas a nivel nacional desde diciembre pasado, organismos intencionales también hicieron lo propio.

Tal es el caso de la ONG Human Rights Watch (HRW), que publicó un informe sobre los sucesos ocurridos en el país.

El documento, titulado “Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros.

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“Las entrevistas fueron realizadas durante un viaje al Perú entre enero y febrero de 2023, y de forma remota desde febrero hasta abril de 2023. HRW también verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas y revisó autopsias, informes balísticos, registros médicos y otra documentación”, concluye el texto.

Brutal respuesta estatal a las protestas

En el informe se señala que la Policía del Perú utilizó armas menos letales, como gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios, para dispersar reuniones pacíficas, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. En otros casos, en los que algunos manifestantes se volvieron violentos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue excesiva e indiscriminada, y existen pruebas fehacientes del uso prohibido de armas de fuego en respuesta a las protestas.

“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía”, concluye la ONG.

Se concluye que, en al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch.

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“En otro caso, un registro médico indica que la persona murió por probable arma de fuego. Cinco personas murieron por perdigones disparados con escopetas y un manifestante, aparentemente, murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según los documentos y videos verificados por Human Rights Watch”, se lee en el informe.

Al menos otras 125 personas fueron heridas de bala, según una base de datos del Ministerio de Salud, aunque es probable que la cifra real sea mayor. Human Rights Watch revisó historiales médicos proporcionados por familiares de víctimas que hacían referencia a heridas de bala en varios casos que no estaban incluidos en la lista del ministerio.

“El uso de fuerza letal con armas de fuego, incluidos fusiles de asalto y pistolas, por parte de militares y policías para disparar contra manifestantes y transeúntes, y el uso de escopetas para disparar perdigones potencialmente letales a corta distancia, en algunos casos perdigones de plomo, explican el elevadísimo número de víctimas mortales”, concluye el texto.

Las 34 autopsias que Human Rights Watch obtuvo de personas que murieron por heridas de bala muestran que 14 víctimas recibieron impactos de bala en el torso, 11 en la cabeza y 9 en la espalda. Un experto forense dijo a Human Rights Watch que las heridas de bala en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, son consistentes con ataques direccionados.

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“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”, señala HRW.

En el caso de la ciudad de Juliaca, los informes de balística realizados por expertos forenses de la Fiscalía muestran que las balas y los fragmentos de bala recuperados de tres víctimas tienen el mismo calibre que las balas disparadas por los fusiles de asalto que se vio que portaban los policías y militares ese día. Dos fotografías del día de los disparos en Juliaca, verificadas por Human Rights Watch, muestran un casquillo usado de este calibre de bala rotulado PNP.

“En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a más de 100 metros, lo que cuestiona la explicación de que dispararon en defensa propia”, se lee en el informe.

Otras agresiones

En el texto también se refiere que, al menos, 15 de los muertos eran transeúntes, otros tres estaban observando las protestas y tres intentaban ayudar a los heridos, según entrevistas y videos recogidos por Human Rights Watch. Sus muertes son indicios del carácter indiscriminado de la respuesta de la policía y de las Fuerzas Armadas.

“El uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad para responder a las protestas hizo que fuera muy probable y previsible la pérdida de vidas o las lesiones graves. Esto fue manifiestamente desproporcionado en relación con la amenaza a la que se enfrentaban”, añade la ONG.

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El uso inapropiado de armas menos letales también causó lesiones graves y muertes. Ocho videos y cinco fotografías muestran a miembros de las fuerzas de seguridad disparando cartuchos de gas lacrimógeno de forma horizontal hacia los manifestantes, contraviniendo las normas internas de la policía peruana y las mejores prácticas internacionales sobre el uso de este tipo de proyectiles para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte.

En total, unas 1,300 personas, entre ellas, al menos 39 niños menores de 18 años, fueron atendidas en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las protestas, según datos del Ministerio de Salud. De ellas, unas 380 eran policías.

Alrededor del 70 % de los heridos eran hombres de entre 18 y 40 años. Al 2 de marzo de 2023, 22 personas seguían hospitalizadas; entre ellas, 2 por heridas graves que recibieron en diciembre.

Algunos periodistas sufrieron agresiones tanto por parte de manifestantes como de las fuerzas de seguridad. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó 155 casos de hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias desde el 7 de diciembre de 2022 hasta enero de 2023. De acuerdo con la ANP, en diciembre la mayoría de los agresores fueron manifestantes, mientras que, en enero, las fuerzas de seguridad fueron los principales agresores.

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