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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el próximo lunes 22 de enero la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien busca anular la resolución emitida en primera instancia y que rechazó su recurso de excepción de improcedencia, con la que buscaba archivar el proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre del 2022.
El tribunal supremo, a cargo del juez César San Martín, realizará la audiencia a partir de las 9:00 a.m. Para dicho fin escuchará los alegatos de Castillo, su abogado, así como de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría. Luego de ello, emitirá su veredicto.
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La defensa legal del expresidente sostuvo en su recurso que los hechos que se le imputan a su patrocinado no constituyen delito, por lo que se debe disponer el archivo definitivo de la causa.
Sin embargo, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien analizó el recurso de Castillo en primera instancia, determinó que los hechos por los cuales la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el exmandatario “sí constituyen delito” y si el alzamiento de armas efectivamente se produjo, tal como sostiene la Fiscalía, deberá ser determinado en el estadio procesal pertinente tras la valoración probatoria correspondiente.
Además, remarcó que en el caso de Castillo no nos encontramos ante un juicio de naturaleza política o parlamentaria, sino ante un procesamiento judicial en razón de una imputación de naturaleza penal por la presunta comisión de diversos delitos, por lo que la vacancia presidencial que determinó el Congreso no lo exime de responsabilidad penal, tal como alega la defensa del expresidente.
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Piden 34 años de prisión para Castillo
“El exjefe de Estado es acusado de perpetrar el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022″, indicó la Fiscalía en su cuenta de “X”.
Por la comisión del presunto delito de rebelión, se pidió 25 años de prisión efectiva contra la expremier Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, así como los oficiales PNP Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Por último, contra el también expremier Aníbal Torres se solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.
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