La Procuraduría General del Estado (PGE) quedó oficialmente constituida como actor civil o parte agravada dentro del proceso judicial que se sigue por el Golpe de Estado perpetrado en diciembre pasado.
Así lo determinó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, que dirige Juan Carlos Checkley, al declarar infundada la solicitud que presentó el exministro Roberto Sánchez para excluir a dicha institución de su proceso.
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De esta manera, la Procuraduría podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso los investigados en este caso sean sentenciados.
Cabe recordar que la PGE ya había sido constituida como actor civil en los procesos seguidos contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres por este mismo caso.
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A través de un documento remitido al Juzgado de Investigación Preparatoria, se señala que la indemnización es por el daño material y extrapatrimonial que provocó el intento de Castillo por cerrar el Congreso de manera ilegal.
En ese sentido, por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, se ha fijado el monto de S/17′711,048. Además, por el delito de grave perturbación de la tranquilidad se plantea S/50 millones.
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