Tras más de dos años en espera, el expresidente Pedro Castillo finalmente se sentará en el banquillo de los acusados por el fallido Golpe de Estado que intentó perpetrar en diciembre del año 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema tiene previsto iniciar este martes el juicio oral en contra de Castillo, quien es acusado de ser autor del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado contra el exmandatario una pena de 34 años de prisión y el pago, de forma solidaria, de S/ 65′419,038.53 como concepto de reparación civil en favor del Estado Peruano.
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En calidad de coautores del delito de rebelión fueron acusados la expremier Betssy Chávez, el exministro de Defensa, Willy Huerta, y el exasesor presidencial Aníbal Torres. Sobre los dos primeros recae una orden prisión de 25 años, mientras que para el segundo la pena es de 15 años de cárcel.
También están comprendidos en el proceso los exoficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, quien se encuentra actualmente en Suiza. Para los tres acusados se pide una pena de 25 años de prisión.
A fines de enero pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, para que se archive el delito que se le atribuye (rebelión), por lo que fue excluido del juicio oral.
Si bien todo está programado para que el juicio oral arranque este martes sin ningún contratiempo, un recurso presentado por uno de los acusados, y que aún no ha sido resuelto, podría no solo dilatar las sesiones, sino anular todo el proceso, en el peor de los escenarios.
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En esta nota analizaremos las dificultades y escenarios que se vislumbran a lo largo de estos meses hasta que se logre una sentencia.
El expresidente Pedro Castillo enfrenta una pena de 34 años de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre pasado.
Dificultades: una ley del Congreso que podría dilatar el proceso
En octubre del año pasado, el Ejecutivo promulgó una ley aprobada por el Congreso que modificó el Código Procesal Penal para que, entre otras cosas, los autos de enjuiciamiento (los documentos con los que un juez ordena que un caso vaya a juicio oral), puedan ser apelados por los acusados.
Como era de esperarse, esta ley fue usada por las defensas de varios procesados para dilatar el inicio de sus respectivos juicios orales. Una prueba de ella ocurre en el caso de Susana Villarán, ya que uno de los procesados apeló el auto de enjuiciamiento, razón por la cual aún no se da inicio a las sesiones. Esto, a pesar de que los controles de acusación ya terminaron y solo se esperaba el inicio del juicio oral
Respecto al caso Golpe de Estado, el auto de enjuiciamiento se emitió el 18 de noviembre pasado; sin embargo, unos días después la defensa de Huerta apeló dicha resolución. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, decidió acoger la apelación y derivarlo a la Sala Penal Permanente.
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Sin embargo, según informó el diario El Comercio, el magistrado habría decidido tramitar la apelación por separado y sin unirla al trámite del auto de enjuiciamiento; es decir, la revisión de dicho recurso y el inicio del juicio oral se verían por cuerdas separadas.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro advirtió que si el juicio oral inicia este martes, estaría haciéndolo “con un potencial riesgo de que, en unos meses, se pueda anular todo lo avanzado” si es que la Sala Penal Permanente le dé la razón a Huerta.
“Si le dan la razón al apelante, lo que va a pasar es que todo lo avanzado en el juicio oral se pueda anular porque el auto de enjuiciamiento va a tener que volver al juez de investigación preparatoria u otro magistrado”, dijo a Gestión.
Caro también cuestionó que la ley aprobada por el Congreso no haya especificado exactamente que si la apelación del auto de enjuiciamiento implica necesariamente que el trámite del inicio del juicio se paralice o no, lo que ha ocasionado que diversos casos se encuentren entrampados.
“En el caso de Susana Villarán, los jueces se han quejado por esa norma y es probable que los magistrados que verán el golpe de Estado también hagan lo mismo (...) la ley no fija eso, si es suspensivo o no. Entonces, es un tema que tiene que ser decidido por la sala, porque aún no hay un criterio uniforme en los tribunales, es una ley nueva”, apuntó.
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Otra de las dificultades que podría enfrentarse en el camino son los recursos que puedan plantear las defensas de los acusados en pleno juicio oral; sin embargo, el abogado penalista consideró que no tendría un efecto dilatorio como se ha visto en otros casos, como el caso ‘Cocteles’ o ‘Los Waykis en la Sombra’.
La expremier Betssy Chávez podría ser sentenciada a 25 años de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. (Foto: GEC).
Los escenarios: los plazos, penas y posturas que podrían asumir los acusados
En cuanto a los escenarios, Caro señaló que una vez superado el obstáculo de la apelación del auto de enjuiciamiento el proceso debería ser rápido, al recordar que estamos ante un caso muy pequeño.
“Este proceso involucra horas, no estamos hablando de años o meses de gestión, estamos hablando de un hecho muy concreto, que es el golpe de estado, y bajo esa lógica el juzgamiento debe darse, para mí, en un plazo máximo de 6 meses”, aseveró.
Recordó que un juicio oral por un caso complejo, como Interoceánica o ‘Cocteles’, podría durar entre 2 a 3 años, pero precisó que en el presente proceso (Golpe de Estado), que solo tiene seis acusados, las sesiones deben ser muy céleres.
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“Si el juicio oral se sigue con una velocidad promedio, deberíamos estar sentenciado entre seis meses a un año, como máximo. Deberíamos tener una sentencia en setiembre o máximo fin de año o inicios del próximo verano”, acotó.
Según informó el Poder Judicial, la Sala Penal Especial ha programado las sesiones del juicio oral tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en forma presencial en el penal Barbadillo (Ate Vitarte). Las audiencias serán transmitidas de manera ininterrumpida por el canal de Justicia TV, del Poder Judicial.
Respecto a las penas solicitadas para los acusados, el abogado consideró que en el caso de Castillo “su probabilidad de condena es elevada y muy alta”, teniendo en cuenta que todos los argumentos de fondo y de su defensa ya han sido rechazados tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional (TC).
“Él (Pedro Castillo) ha alegado en varias instancias de que lo detuvieron indebidamente porque aún no lo habían vacado, y que no había una resolución. También dijo que no se ha disparado un arma, que no hubo un acto de violencia y que solo fue un discurso, que por palabras no lo pueden sentenciar o condenar. Todos esos argumentos ya han sido revisados por los tribunales tras la presentación de recursos de su defensa, pero ninguno prosperó”, enfatizó.
Si bien reiteró que es altamente probable que el exjefe de Estado sea condenado por estos hechos, Caro consideró que el Poder Judicial no le impondría la pena solicitada por la Fiscalía (34 años), sino una sentencia menor (entre 15 a 20 años de prisión efectiva).
Lo mismo ocurriría para los demás coacusados (Chávez, Huerta y los ex oficiales de la PNP), quienes recibirían una pena de 15 años de prisión y no los 25 años que solicitó el Ministerio Público.
Una situación diferente ocurriría con Torres, quien tiene actualmente 82 años. Para Caro, el expremier se salvaría de la cárcel por su edad y, en caso sea condenado, el Poder Judicial le impondría el uso de grillete electrónico.
Finalmente, el abogado consideró que algunos coacusados, como Chávez o el mismo Torres, podrían cambiar sus posturas durante el juicio oral e incriminar al propio Castillo para tratar de aminorar sus penas.
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“Es muy probable de que eso suceda. En el caso de Chávez, quien ha sido la más radical en la defensa de Castillo, al estar en prisión preventiva tantos meses puede haber cambiado su perspectiva y la de su defensa (...) bajo cualquier escenario, para ella va a ser más rentable mantener una defensa autónoma y alejada del expresidente, a fin de tratar de reducir la sanción que podría recibir”, sostuvo.
Carlos Caro consideró que en caso Aníbal Torres sea sentenciado por el golpe de Estado, evitaría la cárcel y se le aplicaría el uso del grillete electrónico por un factor de edad. (@photo.gec).
Es más, no descartó que alguno de ellos se acojan a la terminación anticipada en el proceso; es decir, aceptarían los cargos para evitar ir a juicio oral, lo que finalmente podría beneficiarlos. “El Poder Judicial podría imponerles una pena por debajo de un sexto de la pena original”, dijo
Durante la etapa de investigación por el caso ‘Golpe de Estado’ fueron admitidas un total de 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.
También participarán tres peritos admitidos para la Fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
