El Gobierno cumplió con subsanar ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda competencial que interpuso contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con la finalidad de que se defina bajo qué circunstancias un presidente en funciones puede ser investigado y acusado.
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La presidenta Dina Boluarte, según se aprecia en el texto, designó al premier Gustavo Adrianzén para que presentara “una demanda de inconstitucionalidad”; sin embargo, lo que se presentó al final fue una demanda competencial, la cual no está consignada en los anexos revisados por los magistrados.
Según informó RPP, el Consejo de Ministros, en su sesión del pasado viernes 24, abordó y aprobó la subsanación de la demanda competencial.
En la víspera, Pacheco informó que en el TC estaban a la espera de la contestación de la demanda y la audiencia se programaría a más tardar en marzo.
“Tenemos que esperar la contestación de la demanda, que son 30 días útiles y de ahí nosotros tenemos que programar la audiencia. Haríamos la audiencia en febrero o, a más tardar, en marzo. Pero sí vemos la urgencia de resolver esta cuestión”, dijo en la quincena de este mes.
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Los detalles del proceso
La decisión fue tomada en una sesión del Consejo de Ministros , según indica la resolución ministerial 151-2024-PCM, publicada el pasado 22 de mayo del 2024 en el boletín de normas legales.
Casi dos meses después, el 25 de julio, el documento en mención fue oficialmente presentado ante el TC.
En el documento se precisaba que los actos concretos de la Fiscalía y el PJ que afectan las competencias del Gobierno se relacionan con la interpretación que ambas instituciones vienen realizando respecto a la prerrogativa presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución.
Dicho artículo de la Carta Magna estipula los supuestos en los que un presidente puede ser acusado mientras ejerza su cargo. Estos son: por traicionar a la patria, impedir las elecciones y el funcionamiento del sistema electoral, así como disolver el Congreso inconstitucionalmente.
En ese sentido, el Gobierno advirtió que se han emitido resoluciones fiscales y judiciales relacionadas con hechos que “no se enmarcan dentro de lo previsto en la referida norma constitucional”.
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