La presidenta Dina Boluarte firmó y promulgó la Ley N.º 31980, norma que precisa el uso de armas de fuego por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de flagrancia delictiva, eximiéndolos de responsabilidad penal en determinadas circunstancias.
La norma fue publicada este viernes en el diario oficial El Peruano y ha generado diversas reacciones en la opinión pública.
El objetivo de la ley, según el texto oficial, es garantizar el principio de inocencia y fortalecer la seguridad jurídica de los agentes del orden cuando intervienen en situaciones de flagrancia.
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De acuerdo con lo estipulado, ningún policía será objeto de detención preliminar, prisión preventiva ni mandato de comparecencia por el uso de su arma de fuego reglamentaria, siempre que actúe en el marco de sus funciones constitucionales y legales.
“La norma tiene como finalidad proteger al personal policial que actúa en defensa de la ciudadanía, sin que se vea expuesto a sanciones penales de manera automática”, sostuvo la presidenta Boluarte durante la ceremonia de promulgación en Palacio de Gobierno.
El nuevo marco legal indica que si como resultado del uso del arma de fuego se produce la muerte o lesiones del presunto delincuente, no se presumirá automáticamente una conducta ilícita del efectivo policial. Esta protección se mantendrá mientras se determine si el agente actuó dentro de los parámetros establecidos por la ley, como la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad del uso de la fuerza.
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La medida ha sido respaldada por el Ministerio del Interior y por sectores que consideran que los agentes necesitan respaldo legal claro para actuar frente a la creciente inseguridad ciudadana. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su preocupación ante lo que consideran un riesgo de impunidad frente a posibles excesos policiales.
“Es importante proteger a la Policía, pero también garantizar que no se vulneren derechos fundamentales. Esta ley puede abrir la puerta a abusos si no se aplica con rigurosidad y controles efectivos”, advirtió una vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La Ley N.º 31980 entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día siguiente a su publicación y modifica artículos del Código Penal relacionados con el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de funciones públicas.
