Gobierno plantea más candados para que privados laboren en Estado

El último miércoles, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca reforzar la lucha contra la corrupción y mitigar los conflictos de intereses.

Se trata de la iniciativa 00675/2021, firmada por el presidente Pedro Castillo y la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, la cual tiene como objetivo fijar más candados para que los privados laboren en el sector público y viceversa (ver pieza).

La iniciativa ya fue enviada a las comisiones de Descentralización y Fiscalización para el análisis y la elaboración de dictámenes, de acuerdo al portal del Parlamento.

Las prohibiciones

Para el sector público, el proyecto de ley del Gobierno plantea que si los directores, representantes legales o apoderados, asesores o consultores de empresas desean trabajar en el Estado, no podrán hacerlo, sino hasta un año después de haber finalizado su vínculo laboral.

Tampoco podrán ser funcionarios con capacidad de decisión en la entidad ni representarla. De la misma manera están prohibidos de formar parte del consejo directivo, consultivos, tribunales administrativos, comisiones y otros órganos colegiados.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la iniciativa pretende eliminar la puerta giratoria, la cual existe en el Estado: funcionarios entran al sector privado luego de dejar su cargo, y viceversa. De esta forma, se generaría un conflicto de intereses y posibles casos de corrupción.

“Ahora que el sector privado tiene más presencia en la economía, se busca poner parámetros para que la información del Estado no se preste a un tráfico en contrataciones bajo el esquema de libertad económica”, declaró.

La jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, coincidió con Lamas Puccio. Ayer, en un evento organizado por la Universidad del Pacífico, se pronunció sobre el fin del proyecto de ley.

“Para nosotros, es importante regular las puertas giratorias en el Estado”, anotó.

Algunos casos

Lamas Puccio indicó, por ejemplo, que la iniciativa de ser aprobada, eliminaría casos de presuntos conflictos de intereses en instituciones como Indecopi, en donde las personas que deben resolver controversias fueron en el pasado abogados de una de las empresas.

Otro caso, según explicó, es el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, realizó asesorías a la constructora Odebrecht. Hoy es investigado por el Ministerio Público en el caso Westfield.

“Una persona sale del sector público y la contrata una transnacional y le podría poner la información de la institución del Estado a disposición de la empresa”, detalló en diálogo con Gestión.

El reglamento

El abogado Carlos González Prada, asociado principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, manifestó a Gestión que el proyecto de ley amplía las prohibiciones para personas que deseen dejar el sector privado y pasar al público.

Sostuvo que hoy ya existe una ley que evita los conflictos de intereses para integrantes de consejos directivos en instituciones del Estado.

No obstante, el planteamiento del Ejecutivo extiende las restricciones para directores de empresas, miembros de consejos consultivos, tribunales administrativos, y otras comisiones.

Subrayó que aún no se han especificado las sanciones para personas que incumplan la eventual norma. Se necesitará elaborar un reglamento para precisarlas, explicó.

Piden ampliar ley sobre los sobornos

El Ejecutivo también envió un proyecto de ley al Parlamento, el cual busca regular la responsabilidad administrativa de las empresas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. ¿De qué manera? Plantean incrementar responsabilidades para los posibles actores de este delito y hacer las sanciones más disuasivas. Asimismo, el Gobierno propone incluir en el alcance de la ley a las empresas extranjeras que puedan realizar cohecho en el país mediante agencias, filiales, sucursales o cualquier otra subordinada.

Otra modificación solicitada por el Ejecutivo es incorporar a la ley un numeral que establece que, cuando se puede determinar el monto del beneficio obtenido, las multas impuestas a la empresa no pueden ser menores al 10% del monto obtenido.

Finalmente, plantean eliminar la capacidad de eximir a los altos funcionarios de la empresa de la totalidad de la multa. Todas estas propuestas son en base a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.