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El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó esta mañana que no todos los distritos de Lima y Callao necesitan ser declarados en estado de emergencia para combatir a la delincuencia. Esta respuesta se da tras la demanda de ciudadanos y algunas autoridades municipales quienes piden que esta medida se extienda a toda la capital del país.
El titular del Mininter señaló que “muchos alcaldes” en el Callao consideran que no es necesaria esta media en sus distritos tras evaluar la situación en sus jurisdicciones. Además, dijo que distritos limeños como Surco o San Borja tampoco “necesitan un estado de emergencia”.
“Los estados de emergencia van en función a los informes que hacen los especialistas. En este caso la Policía Nacional del Perú son los que evalúa en función a varios índices que ellos tienen muy claro”, sostuvo.
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En ese sentido, Romero recordó el caso de San Juan de Lurigancho, donde se declaró el estado de emergencia por sus altos índices de criminalidad.
“Entonces son lugares donde realmente si se necesitan y un caso en particular es San Juan de Lurigancho, no podemos permitir que en una semana dos granadas de guerra exploten en lugares abiertos y perjudiquen a muchas personas”, manifestó.
“Eso no lo podemos permitir, tenemos que poner el pare, tenemos que ser firmes y contundentes. Ellos no pueden poner la agenda, la agenda la ponemos nosotros”, agregó.
El titular del Mininter explicó que desde su cartera se profundizará el trabajo por la seguridad ciudadana en “lugares altamente violentos” y que para ello se tienen identificados 120 barrios a nivel nacional dentro del programa ‘Barrio seguro’.
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“Toda Lima debió ser declarada en emergencia”
El Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez opinó ayer que el estado de emergencia contra la inseguridad ciudadana vigente desde la semana pasada en dos distritos de Lima y seis en Sullana (Piura), debió establecerse en todas las jurisdicciones de la capital.
Anotó que circunscribir el estado de emergencia a San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, no toma en cuenta la cercanía de otros territorios municipales a donde se puede movilizar “la criminalidad”.
“Es una variable que no se está ponderando de manera adecuada”, subrayó a RPP.