
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, descartó que el Gobierno contemple el ingreso por la fuerza a la Embajada de México para detener a la expremier Betssy Chávez, asilada en esa sede diplomática desde el 2 de noviembre.
La aclaración llegó luego de que el presidente José Jerí indicara en una entrevista que esa posibilidad existía, lo que generó críticas y cuestionamientos.
“No se va a dar en la realidad. La pregunta que se le hizo al presidente fue hipotética, es decir, algo que tal vez podría ocurrir o no. Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza”, afirmó De Zela a RPP.
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El canciller subrayó que la posición del Ejecutivo es “respetar y atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna”. En esa línea, cuestionó que la polémica se haya alimentado por la difusión de la respuesta del mandatario sin el contexto de la pregunta.
“En los medios se ha difundido la respuesta, pero no la pregunta. Por ello, al difundir solamente la respuesta no queda claro que el contexto en el cual se produjo esa respuesta era un contexto hipotético y ese ha sido el problema”, explicó.

Asimismo, De Zela consideró inviable sostener que Betssy Chávez es una perseguida política, al recordar que la exjefa del Gabinete enfrenta en libertad su proceso por el fallido intento de golpe de Estado. “Es un poco fantasioso”, comentó.
Sobre la postura del Gobierno mexicano, el canciller señaló que esta responde a criterios ideológicos. Si lo hicieran desde el punto de vista del derecho, es posible que cambien de opinión, apuntó.
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En su reciente entrevista a El Comercio, el presidente José Jerí había señalado que el ingreso a la Embajada de México era “una posibilidad” para ejecutar la orden de prisión preventiva por cinco meses dictada contra Chávez.
A la fecha, indicó, el Ejecutivo no ha tomado una decisión definitiva y recordó que cualquier actuación exige cautela debido a los compromisos internacionales que limitan las acciones del país en materia diplomática.








