El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso busque limitar el trabajo de investigación periodística o establecer una “Ley Mordaza”.
En diálogo con RPP, el premier aseguró que la iniciativa apunta únicamente a sancionar filtraciones que favorezcan a organizaciones criminales o a implicados en procesos judiciales.
La noche del miércoles, el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto para solicitar facultades legislativas por 60 días en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. En el punto 3.1.5 del documento, se propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales, además de establecer un supuesto específico de inhabilitación en caso de condena.
LEA TAMBIÉN: Ernesto Álvarez respalda convertir a Indecopi en un organismo constitucional autónomo
Ante las críticas que generó la iniciativa, Álvarez afirmó que el Gobierno no pretende afectar la labor de la prensa. “No existe ninguna voluntad de atacar o indisponerse con los medios. Cuando redactemos el decreto legislativo vamos a convocar a periodistas para revisar los borradores y recibir sus sugerencias”, señaló. El premier insistió en que la propuesta no alcanza a las unidades de investigación periodística: “Para nosotros, la prensa es un aliado en esta lucha contra el crimen”.
El jefe de la PCM precisó que el objetivo es sancionar penalmente a quienes alertan a investigados sobre operativos o diligencias judiciales, generando impunidad.
“Hemos encontrado que existe sanción administrativa, mas no penal, y esto no puede continuar. La propuesta busca evitar que personas o autoridades filtren información y permitan que los implicados escapen a la justicia”, explicó.
LEA TAMBIÉN: Premier Álvarez viajará a Bolivia para asistir a la toma de mando de Rodrigo Paz
Álvarez añadió que el nuevo delito está dirigido a proteger los procedimientos policiales, fiscales y judiciales, especialmente frente a bandas criminales y secuestradores.
“Queremos impedir que logren evadir la acción de la justicia por la delación o por la incidencia de malas autoridades o malos policías, como ya ha ocurrido de manera documentada”, concluyó.
