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El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el canciller Javier González-Olaechea manifestaron que si bien el Gobierno procedió a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori, ello no implica que desconozcan las obligaciones que derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos.
“Acorde al artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, anotó Arana .
“Expresamos de manera enfática que el país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal”, añadió.
En tanto, el Canciller Javier González-Olaechea indicó que el cumplimiento de la sentencia del TC, “de modo alguno”, desconoce las obligaciones que derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos.
“Por tal virtud, ratificamos la firme adhesión del Perú a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, subrayó.
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Fujimori salió Libre
El expresidente Alberto Fujimori salió en libertad este miércoles 6 de diciembre luego que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su inmediata excarcelación del penal de Barbadillo.
De esta manera, las autoridades peruanas optaron por liberar al expresidente y no acatar el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para no ejecutar ese fallo.
El expresidente abandonó el centro penitenciario junto a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori.
El martes el TC ordenó por segunda vez en una semana la “liberación inmediata” del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, y le pidió ejecutar ese acto a la agencia administradora de las cárceles.
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La decisión avivó la controversia sobre la salida de prisión de Fujimori, que se logra por un indulto que le fue concedido la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Pero la víspera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano que no ejecute la orden del Tribunal Constitucional hasta que el organismo internacional cuente con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumple con todas las condiciones.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución que indica que la solicitud es para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos que fueron asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori y por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión.
